Resulta preocupante que el proyecto de ley aprobado no logre superar mínimos aspectos de rigurosidad jurídica, habiendo tanto en juego: la vida humana.
En discusiones de alta densidad conceptual, como las que se refieren al aborto, se formulan algunos argumentos que impresionan, que seducen. Pero una mirada serena devela cuán pobres son algunos de ellos, cuánto hay de sofisma en algunas de esas expresiones.
Un Tribunal Constitucional siempre ha de tutelar que las dos Cámaras del Congreso no vulneren con sus leyes las normas y principios de la Ley Fundamental.
El proyecto de ley aprobado nos parece un retroceso que instala y legitima una discriminación injusta hacia seres humanos indefensos, cuya vida el Estado está llamado a garantizar y proteger.
Dios quiera que los no nacidos y su propia región puedan algún día llegar a significar tanto como el rugby en la vida de Jorge Pizarro. Se lo deseamos, de verdad, con toda el alma.
Comparar el proyecto aprobado de despenalización del aborto con la reciente ley de tenencia responsable de animales revela un contraste estremecedor, que ofende el más elemental sentido común.
Nuestras autoridades no están preocupadas de razones ni de su coherencia argumental, sino de contentar a su público, sin importar los efectos que ello tenga para el país y su gente.
Como sucede tantas veces en los temas de Bioética, los casos excepcionales –como el de Charlie Gard– son manejados convenientemente con fines espurios.
El momento no puede ser más horrible: nuestro país ingresa al conjunto de países donde esta práctica bárbara [del aborto] es una realidad cotidiana… el solo hecho de que la Presidencia de la República y el Parlamento se hayan puesto de acuerdo en legalizar el crimen es un dato abrumador.
Algo muy profundo tiene que haber cambiado en el ethos occidental para que en los últimos cincuenta años se hayan invertido tantos recursos y esfuerzos para imponer el aborto.
