Un grupo de 60 diputados chilenos crearon, en agosto del año 2006, lo que se denominó “Frente Parlamentario por la Vida” y suscribieron en la ocasión una importante declaración de principios. En dicho documento, ampliamente divulgado en el país para contrarrestar los esfuerzos que ya desplegaban otros para legislar sobre el aborto, señalaron estar “convencidos” de que “El primer derecho humano es el derecho a la vida, sin ningún tipo de discriminación por (…) estado de salud, origen o circunstancia en que la vida se hubiere concebido o cualquier otra condición”. En esta descripción del “derecho a la vida sin discriminación”, caben, indiscutiblemente, las tres causales que se consideraron para legalizar el aborto según el proyecto de ley recién aprobado en las dos Cámaras del Parlamento. Otro convencimiento que manifestaron los 60 diputados declarantes, fue que “la primera responsabilidad como legislador, es defender incondicionalmente la vida de cada ser humano y su dignidad”; es decir, para ellos, como parlamentarios, el desamparo de la vida es atentatorio contra su deber de defenderla sin condiciones. Luego, los diputados se “comprometieron”, entre otros objetivos, a: “Respetar y hacer respetar toda vida humana, desde la concepción hasta su muerte natural” y “rechazar todo proyecto de ley que acepte o suponga cualquier tipo de práctica abortiva, (…) cualesquiera sean los (…) objetivos que pretendan justificarlos”.

Explícitos y categóricos fueron los 60 legisladores que suscribieron el comentado documento. Pertenecían a cuatro partidos políticos además de un independiente. Entre ellos hubo un grupo numeroso de diputados que, mediante ese acto honraron, asimismo, la Declaración de Principios de su propio partido, que señala en su N°2: “Nuestras raíces se fundan en la tradición del humanismo y la doctrina social cristiana”; y en su N°3: “concebimos la vida como una identidad continua desde la fecundación hasta la muerte natural. La libertad e igualdad en dignidad y derechos con que nacen todos los seres humanos es compartida por los seres humanos que están por nacer. Por eso, defendemos su vida. El aborto es un atentado al derecho a la vida de cada ser humano. Frente al llamado aborto terapéutico, postulamos que es innecesaria una legislación que abra las puertas a la definición desde el Estado acerca de cuáles seres humanos pueden existir y cuáles no”.

La más decisiva y concluyente ocasión para demostrar, ahora en los hechos, el valor del compromiso que habían asumido todos ellos, se presentó durante la tramitación del proyecto de ley para “despenalizar la interrupción del embarazo”, como candorosamente quiso denominar el Ejecutivo su proyecto que permitirá eliminar la vida de niños inocentes e indefensos en el vientre de sus madres. Se sabía que los parlamentarios afines al gobierno votarían, mayoritariamente, a favor de la legalización del aborto, pero también se conocía que con los votos de quienes antes lo habían rechazado explícitamente o adherían a los principios de su propio partido político en defensa de la vida, se conseguiría el rechazo del proyecto. No obstante, no ocurrió así. Salvo muy honrosas y contadas excepciones, ellos votaron a favor de la eliminación de los niños “sobrantes” antes de nacer, y con ello el proyecto fue aprobado en ambas cámaras. Determinantes fueron los votos de los parlamentarios de aquel partido que asegura que sus raíces están fundadas “en la tradición del humanismo y la doctrina social cristiana”, el mismo que pregona el derecho a la vida de “todos los seres humanos que están por nacer”. ¿Qué pudo ocurrir con ellos que abdicaron de sus convicciones en un tema de tal trascendencia? ¿A qué atribuir tamaña inconsecuencia? De las demás colectividades políticas que suscribieron el “Frente Parlamentario por la Vida”, todos cumplieron ejemplarmente su promesa al momento de votar la ley, aun cuando sus respectivas colectividades no proclaman tener tales raíces cristianas.

Una gran tristeza por nuestro país que confiaba y los necesitaba a todos para evitar la muerte de seres humanos tan iguales como ellos… aunque tan distintos de ellos por su completo desamparo. ¡Pobre Chile! Está ya próximo a ingresar al grupo de países “desarrollados” que antes adoptaron su política de selección humana y que sibilinamente lo hicieron mediante lo que podríamos denominar la “ley” de la posverdad, término éste que alguien definió como aquel que “a la hora de crear y modelar opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales”.