A diferencia de otras épocas, hoy existen corrientes que pretenden no solo excluir a ciertos seres humanos de la calidad de persona, sino además, incluir a seres no humanos dentro de dicho carácter.
Lo que se persigue con esta ficción jurídica del “secuestro permanente” es darle una apariencia de legalidad a una monstruosidad jurídica y condenar a los militares sea como sea.
En este retorno imprevisto de la ley de la selva, ¿cómo se compagina la noble retórica de la dignidad de la persona y del respeto a los derechos humanos con este brutal retroceso?
La Unión Europea hila fino: prohibió la venta del fármaco utilizado para la pena de muerte en Estados Unidos, pero no ha hecho nada para impedir su uso en su propio territorio para la eutanasia legal.
La mejor vía para abandonar la crisis económica e institucional es devolver la confianza a la sociedad chilena, reemplazando las palabras que incitan al conflicto por otras que busquen la paz.
El slogan de los defensores del aborto –“el Estado debe dar libertad de elección”– no me deja de sorprender: para la convivencia pacífica siempre han sido necesarias leyes que prohíban.
Cuando se discute sobre la riqueza, nadie escucha al pobre Job: “El Señor me lo ha dado, el Señor me lo ha quitado, sea bendito el nombre del Señor”. Así hablaba el hombre más rico del Oriente.
La lógica que subyace al proyecto anunciado por el Consejo Nacional de la Infancia es que los padres representarían una grave amenaza para el ejercicio de la autonomía de sus hijos.
Si las leyes permiten abortar, es cuestión de tiempo para que los jueces concluyan que no existe razón jurídica para prohibir el infanticidio. Sólo quedará acordar hasta qué edad se puede matar a los niños.
Hay un comportamiento abusivo en los diputados que votaron la iniciativa de legislar a favor del aborto directo. Han actuado contra la conciencia recta e incumplido el deber de la justicia hacia un inocente.
