Suele ser costoso aceptar públicamente el hecho de fallar, y es frecuente (pero no normal), asumir una postura de víctima y buscar el consuelo de los más cercanos achacando la responsabilidad a otros.
El debate político en educación durante los últimos 25 años ha versado principalmente sobre más o menos beneficios, más o menos lucro, entre otros, siendo la calidad un tema olvidado.
El Gobierno nos da a entender que algunos, por pensar lo que piensan, están por encima de la ley; o peor aún: que la ley en realidad está al servicio de algunos, aquellos que comparten su ideología.
El Gobierno sabe que no hay norma alguna de Derecho Internacional que obligue a Chile a aprobar una ley de aborto y, a pesar de saberlo, busca hacer pasar como tales simples “recomendaciones”.
Los delincuentes que se están tomando el país son los hijos del relativismo, que dice que el bien y el mal, el orden y la legalidad, la propiedad y los derechos, no existen como tales sino que son “relativos”.
La política reducida a oficio de contables, como la paternidad reducida a responsabilidad de proveedor de recursos materiales, ayudan a entender algunas claves esenciales de la actual situación.
La perorata de “defensa de derechos de la mujer” o de “evitar que un niño venga a sufrir a este mundo” resulta odiosamente hipócrita luego de ver el video de la directora de Planned Parenthood.
Una población que mayoritariamente no alcanza a cubrir sus necesidades, no está para contemplar impávida esta frívola frescura en la disposición de recursos extraídos de sus impuestos.
La izquierda debiera comenzar por reconocer que en esta pasada cometió errores tan infantiles como imperdonables. Ni siquiera se molestaron en calcular con mínimo rigor los costos del programa.
No debería argumentarse en función del interés de determinados adoptantes, sino en atención al bien de los menores… Lo mínimo es que la reflexión pública esté a la altura de las circunstancias.
