“En política internacional y ante la demanda boliviana deberíamos cambiar nuestra estrategia orientada exclusivamente a lo jurídico y, en cambio, guiarnos por nuestros intereses concretos”. Es una idea que se repite con porfía desde el día en que se rechazó la petición de incompetencia presentada por Chile ante la Corte Internacional de Justicia. En especial, se manifiesta la voluntad de impulsar el retiro de Chile del Pacto de Bogotá, una perspectiva más fangosa de lo que comúnmente se piensa.

En realidad, lo que se llama la tradición jurídica de Chile no es simplemente creer en el derecho internacional y en los tratados; no es una utopía, sino que emergió en gran medida de situaciones concretas. Ha sido una política exterior desde luego enraizada en tradiciones de lenguaje jurídico (aunque no siempre se respeten las leyes) para expresar una orientación general en las relaciones internacionales por razones muy fundamentales.

Primero, aunque suene inaudito, el derecho es el arma de los débiles (eso somos en el escenario internacional). Se dirá que los poderosos escriben leyes y las cambian según la necesidad. Cierto, pero no se le acomete con impunidad de manera arbitraria y reiterada. Es lo que hizo la Alemania nazi entre 1935 y 1939, finalmente en el nombre de la ley del más fuerte, con el resultado de todos conocido. El derecho es un punto de referencia precario como cualquier realidad, pero que responde bien en más ocasiones de las que se piensa. Sin necesidad de morder el polvo, Chile aprendió después de la Guerra del Pacífico que era mejor poner un marco jurídico definitivo al territorio nacional mediante negociaciones mutuamente consentidas. Producto de ello fueron los tratados de 1902 (Pactos de Mayo con Argentina) y de 1904 (con Bolivia). Desgraciadamente con Perú las cosas se dejaron arrastrar hasta 1929, lo que intensificó las emociones reproducidas hasta el presente.

En segundo lugar, el tema vecinal siguió vivo en el siglo XX hasta el presente, incluso con Argentina, a pesar de los tratados de 1881 y 1904. Conocemos la historia. El resultado fue que las fronteras de Chile han sido puestas en tela de juicio de manera tácita o expresa, lo que por añadidura vino a poner al país en potencial aislamiento, lo que se ha producido de cuando en cuando. Es cierto que por otros lados, por su acción diplomática, por activismo internacional, por significación política, por convergencia intermitente con una mayoría ocasional de los países de la región, por su modelo de economía política en épocas más recientes, ha podido compensar esta vulnerabilidad para que a la vuelta de la esquina nos sea recordada con tenacidad.

En toda la respuesta estratégica de Chile la orientación jurídica ha jugado y juega un papel preeminente por su significación política. En general ha sido satisfactoria. No es cierto que, por ejemplo, “la diplomacia haya perdido territorio”, según es una imagen muy común. A lo largo del siglo XX la estrategia conservadora de la política exterior fue exitosa si se tiene en cuenta su posición defensiva, y la delimitación territorial por arbitraje solo tuvo un efecto muy marginal. Si se quiere arrojar por la borda esta trayectoria, ¿por qué se la reemplazará? ¿Un juego de alianzas, como el que Perú urdió antes de 1879? ¿Para qué? ¿Con quién?

Quizás al final de La Haya se considere modificar el Pacto de Bogotá, para que signifique lo que quiere decir, y remediar el que solo la mitad de los países americanos participe en él; o abandonarlo; o tomar una medida de mayor calibre, todo ello dentro de una estrategia que sea a la vez jurídica y política. Es nuestra fuerza.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio