No le es lícito al intérprete de la Ley Fundamental, incluido por cierto el Tribunal Constitucional, sostener que solo se posee la calidad de persona a partir del nacimiento y no desde la concepción
En la sentencia del Tribunal Constitucional hay expreso reconocimiento de la objeción de conciencia y los derechos propios de la autonomía y respeto del ideario de las personas jurídicas.
No podemos permitir que en nombre de la dignidad se prive de ella a mujeres y niños. Debemos derogar esta siniestra legislación, o atentamos contra la dignidad de nuestra propia sociedad.
Siempre el límite o contorno dentro del cual puede moverse el legislador puede considerarse como un “absoluto” o como un punto que “siempre” deberá respetarse o, lo que es lo mismo, que “nunca” deberá traspasarse.
La aprobación del aborto será, por lejos, el legado más duradero y dañino del gobierno de Michelle Bachelet. Una herida que no dejará de sangrar, porque consagrará un principio de amplias consecuencias: en Chile es ahora legal poner fin de manera deliberada a una vida inocente.
¿Sirvió el esfuerzo por evitar la ley de aborto? No haber dado la lucha hubiese permitido que el egoísmo y la cobardía ganaran espacio en nuestras almas, con el peligro de terminar pasándonos al lado equivocado.
La postverdad se manifiesta a sus anchas al no querer reconocer la realidad primordial de todo este asunto: la naturaleza humana del no nacido, que lo hace exactamente igual a nosotros.
Debemos evitar la interpretación cortoplacista y pesimista del reciente fallo del Tribunal Constitucional, pues hay aún mucho que decir y que actuar en la materia.
El lunes Chile cambió para siempre. De un día para otro, la reyerta política trocó en un abismo ético, profundo e inconmensurable. A un lado, la celebración desaforada; al otro, un hondo silencio.
El Tribunal Constitucional tiene la oportunidad histórica de cumplir su noble función de defender la igual dignidad y derechos de todo ser humano, y de impartir justicia controlando que las leyes aprobadas por el Congreso estén conformes con la Constitución.
