La ley está siendo utilizada, mucho más allá de su texto y de su espíritu para imponer una verdadera censura a todo el que ose disentir del discurso oficial que imponen las llamadas “minorías sexuales”.
Se trata de regulaciones que tienen que ver con la célula básica de una sociedad, la familia, y alteraciones no maduradas terminan provocando males mayores que los que se intentaban soslayar.
Basta abrir los ojos y usar lógica básica para reconocer lo que hay en La Araucanía. Basta con dejar la cortesía política para notar con claridad que en los campos del sur hay un terrorismo injustificable.
Cada vez que Simonetti explica que no debemos discutir tal o cual problema, porque una asociación de científicos ya votó sobre él hace décadas, invoca un tipo de argumento del que decía querer liberarnos.
Son muchos los que estudiaron derecho, pero que nunca lo ejercieron con gusto, y que cuando tuvieron la oportunidad, lo abandonaron para dedicarse a lo que realmente querían hacer.
No es inocuo. Tras su aprobación aumentan las restricciones a la libertad de expresión, al derecho de los padres a la educación de sus hijos y a la libertad religiosa, además de debilitar al matrimonio.
Es difícil entender cómo un país que gasta cifras que astronómicas para defender a sus ciudadanos alrededor del mundo, a la vez los masacre sin compasión en el seno materno.
¿Por qué, pese a los logros, cunde el desaliento y el pesimismo en las bases del gobierno? Porque jamás han visto una iniciativa que los represente plenamente, que la sientan como auténticamente propia.
Hay grupos (ambientalistas, estudiantiles, indigenistas, etc.) que presumen de tener una superioridad moral, y bajo el amparo de sus causas deciden que pueden hacer justicia por sus propias manos.
El reconocimiento sólo tiene sentido si es algo más que una reacción a la coyuntura, pues debe ir acompañado de una idea clara de lo que vamos a poner en común. Y allí, me temo, andamos bien perdidos.
