La Ley de No Discriminación fue aprobada después de que las agrupaciones del llamado «mundo-gay» indujeran a la clase política a pensar que el joven Daniel Zamudio (q.e.p.d.) no habría sufrido la cruel golpiza que lo llevó a la muerte, si ella hubiera estado en vigencia. Han pasado dos meses desde que entrara en vigencia y corresponde preguntarse qué efectos ha producido.

Hasta ahora se sabe, por informaciones de prensa, que sólo en un caso se habría invocado el texto legal, por parte de una pareja de lesbianas a las que se habría negado una pieza de un hotel. No hay todavía sentencia.

La existencia del texto legal no impidió, en cambio, que un transexual fuera brutalmente golpeado en Ancud. Se sostiene que ahora podría aplicarse la agravante que la ley introdujo en el Código Penal, pero está por verse si se podrá probar lo que la norma exige: que el motivo del delito residió en la transexualidad de la víctima. Si el proceso lo ve un juez de garantía como el del caso de artefactos explosivos contra Hans Niemeyer, bien puede desechar las pruebas indirectas que presente la Fiscalía con la idea de que no son “pertinentes” y hasta ahí llegó la agravante.

Para lo que sí ha servido la ley es para empoderar a las entidades que dicen representar a homosexuales y transgéneros. Los activistas de estas organizaciones aparecen cada vez más como los grandes catones de la moral sexual. Recriminan, con estridencia, hasta el más leve desliz en lo que ellos estiman debe ser el tratamiento de las tendencias sexuales. Episodios en este sentido se han sucedido: primero, el Ejército es “sorprendido” con instructivos que estiman no aptos para el servicio militar obligatorio a jóvenes homosexuales; la escandalera es tan grande, que el mismísimo comandante en jefe se ve obligado a pedir excusas públicas. Más tarde, en el Tedeum Evangélico, haciendo uso de la libertad religiosa, un pastor declara que Dios ama a los homosexuales, pero los llama a convertirse de sus pecados. Nuevamente gran batahola y profusa condena al “intolerante”. Josefa Errázuriz, candidata a alcalde, dice que no está de acuerdo con el matrimonio entre individuos del mismo sexo, y casi es lanzada a la hoguera. Ahora, intentaron impedir, funa de por medio, un seminario en la Universidad Católica sólo porque pretende estudiar el tema desde el punto de vista de la Iglesia, fundadora e inspiradora de dicha casa de estudios.

La ley está siendo utilizada, mucho más allá de su texto y de su espíritu, no para evitar discriminaciones injustificadas contra las personas homosexuales —con lo cual no podemos estar más de acuerdo—, sino para imponer una verdadera censura a todo el que ose disentir del discurso oficial que imponen las organizaciones de las llamadas “minorías sexuales”.

Si seguimos así, habremos pasado de una discriminación contra homosexuales a una especie de «dictadura-gay», monopólica, autoritaria y —paradójicamente— discriminadora con los que piensan distinto.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Segunda.