Este sábado se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Jaime Guzmán, uno de los principales redactores de la Constitución Política actualmente vigente. En medio del proceso constitucional que hoy vivimos, y la pugna entre octubristas, noviembristas y septiembristas hoy en desarrollo, bien podemos hacer en volver a Guzmán. Se me dirá que Jaime Guzmán no tiene nada que hacer aquí porque el proceso en el que participó fue de una “nueva Constitución” supuestamente comenzada desde cero, que habría roto una tradición cientocincuentenaria de evolución constitucional imponiendo un texto “en dictadura”. Pero, al igual que en el caso de la Constitución de 1925, en torno a la de 1980 se han construido muchos mitos históricos.

A pesar de que desde antes del golpe de Estado de 1973 –que fue un golpe institucional de las Fuerzas Armadas, pero ése es otro tema–,  los gremialistas de Santiago y Valparaíso clamaban por una “nueva institucionalidad”, idea que permearía en la Junta Militar, que le encomendaría a la “Comisión Ortúzar” la redacción de un anteproyecto que, junto con la implementación del modelo económico, darían forma a la última “planificación global” de las que habla Mario Góngora en su Ensayo histórico. Sin embargo, si se consulta dicho documento firmado el 29 de agosto de 1973 por las federaciones de estudiantes de las Universidades Católicas de ambas ciudades, podrá leerse que “[l]a institucionalidad chilena se ha quebrado definitivamente”, de manera que nunca se llamó a destruir la institucionalidad, sino a reconstruirla. 

Es cierto que clamaban a una reconstrucción profunda más que al mero rearme de la institucionalidad de 1925, pero se señala que debía ser conforme a “los valores permanentes de nuestro Estado de Derecho”, es decir, que se alinee a los principios fundamentales de nuestra Constitución histórica, entre los cuales destacan el principio de autoridad, encarnado en la figura del Presidente; el principio de legalidad o juridicidad; la separación de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, y de instituciones anejas que las fiscalicen, como la Contraloría y el Tribunal Constitucional; el rol solidario de las instituciones privadas en la provisión de derechos sociales y en solución de catástrofes –que desde 1974 se ha conjugado con el principio de subsidiariedad–. Muchos de esos principios han permanecido por cinco siglos, dando cuenta de la continuidad de nuestras instituciones antes y después de 1810/18; y, comprendido de esa manera, puede verse que la Constitución de 1980 fue mucho más continuista que revolucionaria.

Y por eso las lecciones del proceso constitucional que terminó en nuestra Constitución vigente, liderado por Enrique Ortúzar y Jaime Guzmán, tiene mucho que decir a quienes a quienes se sienten representados por el septiembrismo, e incluso a quienes en la derecha se sienten tentados por el reformismo noviembrista. Como decíamos en nuestra columna anterior, para que las necesarias reformas a nuestro sistema político surtan el efecto querido, deben entroncarse en la Constitución histórica, y no romper artificiosamente con la evolución institucional que ha tenido nuestro país desde 1541. Justamente, la oportunidad que tenemos en el nuevo proceso es aprovechar los complementos “no democráticos” como la Comisión Experta para salir de la tentación cortoplacista y del ánimo refundacional, combinando la tradición chilena con la experiencia comparada, con miras a ofrecer una buena Constitución para Chile. No desaprovechemos esta segunda oportunidad.