Varios intelectuales –algunos de ellos ligados al CEP– han propuesto que, de ganar el Apruebo el próximo 25 de octubre, la Convención no comience con una hoja en blanco, sino retomando la Carta de 1925 como base para redactar una nueva Constitución. Dicen que la de 1925 sería una Ley Fundamental que generaba consenso en el país, que dio estabilidad al país, que fue aprobada en un proceso democrático y que fue un error derogarla en el Gobierno Militar y reemplazarla por la de 1980. Sin embargo, como decimos en Chile, “algo tan bueno no puede ser verdad”. De hecho, algunos intelectuales liberales han ido construyendo un mito en torno a la Carta Magna redactada por el ex Presidente Arturo Alessandri. Veamos.

Partamos por el contexto histórico en que se redactó la Constitución. En 1924, el Ejército depuso al Presidente Alessandri del poder –porque la clase política fue incapaz (o renuente) de hacerse cargo de las urgencias sociales de la época–, mandándolo de vacaciones a Europa. Sin embargo, al poco andar de los militares en el poder, llaman de vuelta a Alessandri y le exigen dos cosas: 1) que redacte una nueva Constitución y 2) que dé término a su mandato. Entonces, la Constitución nació por una imposición de una rama de las Fuerzas Armadas (FFAA) al poder político y no por voluntad popular. A pesar que dentro de los distintos mecanismos barajados para legitimar socialmente la nueva Carta Magna se encontraba la Asamblea Constituyente, finalmente fue redactada por el mismo Alessandri y aprobada por la población en un plebiscito en el cual sólo votaron 134.421 personas (un 45,37% respecto de los inscritos), es decir, contó con una participación bajísima si se compara con el de 1980. Por lo tanto, no fue respaldada en un inicio por la mayoría de la población.

En segundo lugar, es falso que haya unido rápidamente a los chilenos. Si bien la Constitución entró en vigencia en 1925, la verdad es que no pudo funcionar como tal sino hasta 1932, cuando el León de Tarapacá volvió al Palacio de La Moneda. Entre medio se sucedieron golpes militares, la dictadura del coronel Carlos Ibáñez del Campo desde 1927, quien deja el poder en 1931 para dar inicio a una anarquía de dos años, donde las distintas facciones políticas que asumían el Gobierno eran incapaces de hacerse respetar como tales –digna de recordar es la República Socialista, motivada por Marmaduke Grove, que duró 101 días  y contó con dos presidentes (la etapa de Arturo Puga duró sólo 12 días y 83 la de Carlos Dávila)–. Sólo después del retorno de Alessandri la Constitución pudo ser impuesta a la clase política, el Estado y la ciudadanía, es decir, se demoró siete años en entrar en real vigencia. 

Después del Gobierno de Alessandri, efectivamente hubo varias décadas de estabilidad política y paz social con la Carta de 1925, al menos hasta 1964 –con los Gobiernos Radicales, la segunda administración Ibáñez y el Gobierno de Jorge Alessandri–. Desde ese año comienza a gobernar Eduardo Frei Montalva, dando los partidos parlamentarios, paso a los ideológicos (según el historiador Bernardino Bravo). Si bien Frei fue elegido por aplastante mayoría y logró terminar su mandato, sus reformas estructurales, la ideologización de los partidos políticos –alrededor de los llamados “tres tercios”– y el ejemplo de la revolución cubana fueron dando paso a un nivel de polarización en el país que no se veía desde 1891; la diferencia, claro está, es que en este caso era por razones ideológicas y no por el régimen de Gobierno. 

Quien sucede a Eduardo Frei es Salvador Allende, el que junto a la Unidad Popular (UP) gobernó tres años. No sólo el descalabro económico social no tuvo parangón en nuestra historia, sino que la Constitución fue sistemática y maliciosamente atropellada por la coalición de Gobierno, con los llamados “resquicios legales”, el abuso de los decretos de insistencia, el apoyo a grupos armados paramilitares como el MIR, el MAPU, el GAP, entre otros, los intentos de control ideológico de las FFAA, la presunta intervención fraudulenta de las elecciones, etc. Incluso, la misma llegada de los militares al Gobierno, claramente inconstitucional, fue apoyada por todos los sectores políticos para intentar dar salida a la crisis en que el Gobierno de la UP había dejado al país. La crisis fue tan profunda que el país era llevado hacia una “guerra civil o una tiranía comunista”, como había dicho poco después Patricio Aylwin. Ambos peligros fueron evitados con la intervención militar del 11 de septiembre de 1973, llevada a cabo de forma institucional por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Carabineros. La historia después del Golpe es conocida y escapa al tema de esta columna.

Como se ha podido ver, la propuesta de retomar la Carta de 1925 como base para redactar una nueva Constitución y no partir de una hoja en blanco, si bien suena bastante atractiva se fundamenta en un mito histórico. La Constitución de 1925 fue bastante menos exitosa de lo que se cree, y en sus aciertos fue ampliamente superada por la de 1980, la que se debió redactar porque en 1973 no había Constitución que rigiera al país y no por algún anhelo refundacional – más allá del relato de la nueva institucionalidad–. La Carta Magna fue incapaz de evitar y poner freno a la polarización de los años 60, la proliferación de grupos armados, y su atropello sistemático durante la Unidad Popular (UP). Hoy vemos un aumento importante en la polarización del país –obviamente con diferencias también importantes–, por lo que volver a esa Constitución nos parece un error no sólo histórico, sino también político. Además, el deseo de volver a la Constitución de 1925 no aclara si se quiere volver a 1925 o alguna de sus reformas, v.gr., el Estatuto de Garantías Constitucionales de 1970 o la que permitió la reforma agraria. Pareciera ser que es más una visión romántica y dialéctica de una Constitución frente a la otra que algo real, con el debido fundamento histórico. 

Si realmente quieren que la redacción de la nueva Constitución tenga anclaje histórico, el punto de partida no debe ser 1925, sino la reforma de 2005, para incluir la de 1989, la Constitución original de 1980, las reformas de la Carta del 25, la norma original de 1925, las reformas a la de 1833, la Constitución del 33 y la de 1928. Así se podrá ver la verdadera evolución constitucional que ha tenido nuestro país, que si bien ha tenido nuevas Constituciones, nunca ha comenzado realmente de cero y siempre ha buscado inspirarse en lo que sus predecesoras han normado. Es por eso que el proceso que fue aprobado a fines del año pasado es inédito. Porque se sustenta en un intento de tirar por la borda la Constitución más reformada de nuestra historia, que fue legitimada en 1989 y 2005 y fue “una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile […]”, como dijera el Presidente Ricardo Lagos en aquella ocasión. Y, finalmente, porque se inspira en el intento revanchista de crear una Constitución y darle a la de 1980 “de su propia medicina”. Es ante este experimento ideológico –y no a las reformas constitucionales que se quieran hacer– que en octubre debemos decir Rechazo.