Esta semana concluimos el tiempo de campaña y ya nos aprestamos a ejercer el deber cívico del sufragio en las elecciones de consejeros constitucionales, quienes transformarán el anteproyecto despachado por la Comisión Experta en una propuesta constitucional con su articulado ya definido. El deber cívico que se nos exige cada elección no es sólo el hecho mismo de votar marcando una preferencia, sino que el de deliberar quién representa mejor las propias intenciones políticas y la consiguiente visión de bien común.

Aunque, como dijimos en nuestra columna anterior, “La Constitución no era prioridad”, como ya estamos embarcados en este proceso, debemos contribuir patrióticamente al éxito de este proceso, que no necesariamente es una nueva Constitución, sino que unirnos en torno a la mejor Constitución posible. Como hace dos años, quería compartir tres criterios complementarios para deliberar en conciencia en quién depositaremos nuestra confianza el próximo 7 de mayo: la adhesión a dos tradiciones y a una forma de ver la actividad política, que ya hemos adelantado en nuestras columnas anteriores.

Un primer criterio es la continuación en la tradición institucional que ha dado forma a nuestro Estado, tanto en su versión hispánica como en su forma independiente, caracterizada por un respeto de las normas; un cuidado de las instituciones políticas; la división de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial; la primacía de la autoridad presidencial por sobre el poder del Congreso o de los partidos; y, por último, la importancia de reformar sobre lo ya construido, sin caer en la tentación de “inventar la rueda”.

Un segundo criterio versa sobre la adhesión a la tradición cristiana que informa el ser chilenos. No sólo el pueblo chileno ha sido mayoritariamente católico –aunque cada vez menos–, sino que la religión siempre ha jugado un rol en nuestro espacio público, y nuestro Estado –particularmente nuestras Fuerzas Armadas– están consagrado a la Virgen del Carmen. También, nuestras instituciones políticas y sociales se han inspirado en los principios sociales del Cristianismo, fortaleciendo las organizaciones sociales a la hora de ofrecer los bienes públicos –como educación y salud–. 

El tercer criterio –que en realidad es una actitud basada en el primer criterio– es lo que en nuestras últimas columnas hemos denominado “septiembrismo”: la convicción de que el éxito de las reformas al sistema político requiere que éstas se entronquen en nuestra Constitución histórica, sin “romper artificiosamente […] la evolución institucional que ha tenido nuestro país desde 1541”.

A estos tres criterios hay que sumarles la prudencia de optar por los candidatos dentro de nuestras opciones que tengan más opciones de salir electos o de “ser arrastrados” por otros, con miras a elegir un Consejo Constitucional mayoritariamente “septiembrista”, con representantes de Chile Seguro, Republicanos, el Partido de la Gente y la centroizquierda democrática. 

Sin el concurso patriótico de todas estas agrupaciones, la centroderecha caerá nuevamente en la tentación del “noviembrismo”, que siempre termina haciéndole el juego al “octubrismo”. Por eso, no sólo no hay que anular, sino que no da lo mismo por quién votemos. Como en el proceso constituyente anterior, el futuro de la Patria depende de lo que decidamos con un lápiz.