Mientras en nuestros países, al menos occidentales, las diferentes facciones políticas se pelean encarnizadamente y hasta se sacan los ojos para llegar al poder e intentar hacer realidad su modelo político y económico, de manera paralela se está gestando una realidad que pretende imponerse desde fuera de los Estados y además, sin la más mínima posibilidad de resistencia por parte suya.

Nos referimos al Derecho internacional, en especial, el referido a los derechos humanos. Hoy más que nunca, existe una febril actividad en diferentes organizaciones internacionales, tanto universales como regionales, en que se está elaborando lo que ellos estiman un Derecho paralelo al de los ordenamientos jurídicos nacionales y además, pretendidamente superior, de tal modo que en teoría, debiera primar sin obstáculos.

En efecto, de manera permanente se están realizando todo tipo de reuniones a nivel internacional, casi siempre con bastante poca publicidad, en las que se debaten asuntos de suma importancia para los países del Globo. Reuniones de las cuales la ciudadanía no está ni enterada ni tampoco representada.

Sin embargo, pese a lo anterior, los promotores de estas iniciativas se sienten con la legitimidad para imponer sus decisiones a nivel global. Y en parte esto se explica porque de alguna manera, tras esta actividad existe una especie de presupuesto según el cual, por tratarse de decisiones que se adoptan a nivel internacional, se trataría de medidas no sólo legítimas, sino incluso incuestionables. Y la clave para darles esta pseudosacralidad e incluso la calidad de dogma, es vincularlas a los consabidos “derechos humanos”, sea lo que fuere que se entienda por los mismos a estas alturas.

Es decir, a momentos pareciera darse por descontado que por el solo hecho de tratarse de normas de Derecho internacional, ellas resultarían incuestionables, o si se prefiere, buenas o justas de suyo, sin darse cuenta que son normas tan falibles o sujetas a corrupción como las de cualquier país.

Un claro ejemplo de lo anterior es el acuerdo marco sobre tributación que actualmente se está desarrollando en la ONU (y sobre el cual hemos hablado), que pretenden imponerse a las normas tributarias de cada país, vinculando impuestos y derechos humanos.

Y lo peor de todo, además de la absoluta ignorancia de la ciudadanía (pese a lo cual se pretende que ella acate y se vea afectada por lo que en esos foros se acuerda), es que todas estas decisiones son tomadas por personas que no tienen ninguna legitimidad para imponer su modo de pensar. En efecto, ¿quién los eligió para esa misión? ¿Quién controla su modo de proceder? ¿Responden por la labor realizada?

No obstante, lo usual es que se presenten los hechos consumados: que se argumente que el país participó en estos foros y, por tanto, se comprometió a acatar sus decisiones, que para sus promotores deben primar incluso sobre las normas constitucionales de cada Estado.

Sin embargo, si así están las cosas, ¿para qué tenemos instancias democráticas, poderes elegidos y un ordenamiento jurídico propio, si todo puede ser dejado sin efecto sin mayor dificultad ni legitimidad por estas decisiones internacionales que nadie controla?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho, profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián y miembro del Capítulo Concepción de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.