La situación económica del país se está tornando cada vez más preocupante, lo cual ha incidido en la baja popularidad del gobierno.

Ahora bien, aunque resulte obvio, un deterioro económico de esta envergadura no se produce de la noche a la mañana, razón por la cual es absurdo echarle la culpa a la administración actual por una situación que claramente ha heredado, y de la cual está tratando de salir pese a la férrea oposición política que debe enfrentar.

Sin embargo, y más allá de esta evidencia, se quiere llamar la atención sobre lo siguiente: que lo anterior se debe en buena medida a la notable falta de fondos que aqueja hoy al Estado para enfrentar los gastos corrientes del funcionamiento del país (lo que incluso ha obligado a contemplar la posibilidad de endeudarse internacionalmente, y no poco), situación que ha sido producida por el desfalco y malgasto de los recursos públicos del gobierno anterior, el que no podía menos que saber que su accionar generaría la crisis actual.

En consecuencia, ¿quiere decir que se obró así a propósito, para que los costos de sus decisiones recayeran en el gobierno actual, con el fin de generar tal descontento que en las próximas elecciones puedan retornar al poder?

El problema, además de ser un plan deleznable, es que de ser cierto, significa que al anterior gobierno le tenía sin cuidado el bienestar de la ciudadanía. Ello, pues abusó de los recursos públicos para favorecer a sus aliados y clientes y dejar contentos a algunos sectores afines, a sabiendas que estos recursos no alcanzaban, solventando este déficit con deuda internacional o, sencillamente, dejando de pagar muchas de las obligaciones asumidas, pasándole este pesado fardo a la actual administración a fin de condenarla al fracaso, se insiste, sin preocuparse por los perjuicios que todo esto está ocasionando en la población.

Semejante actitud se parece mucho a la de los reyes absolutos de antaño, que consideraban a los países que gobernaban como su propiedad, sintiéndose dueños y señores para hacer y deshacer, manejando los recursos y personas de sus reinos a su antojo.

De este modo y a sabiendas, se han otorgado beneficios sin pagar los costos, endosándoselos a sus oponentes políticos. Situación sumamente grave, que afecta en lo más hondo al espíritu cívico elemental que debe imperar en cualquier democracia.

En efecto, lo que debiera ocurrir es que cada gobierno luche por el bien de la población, buscando hacerlo del mejor modo posible, para seguir siendo elegido por la ciudadanía; y en caso de triunfar las fuerzas rivales, no bloquear sus posibilidades a costa del bienestar de esa misma población. Es decir, tener un mínimo espíritu de cooperación con su competencia política, puesto que, en teoría, todos buscan lo mejor para Chile, si bien cada uno desde su perspectiva. Y de hecho, esta es su razón de ser.

En cambio, lo que ahora pareciera ocurrir es que ese bienestar de la población no importa en absoluto, y se juega con ella mediante dádivas temporales para obtener su favor, cargándole los costos a sus oponentes políticos a fin de frustrar su actuación futura y así retornar al poder. Y todo ello, se insiste, sin importar los costos que ello pueda tener a la postre. ¿Significa esto que si logran gobernar otra vez volverán a actuar de la misma manera?

Es de esperar que la ciudadanía capte el problema y no caiga en este vil juego.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho, profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián y miembro del Capítulo Concepción de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.