Me encuentro por estos días en Arequipa, la llamada Ciudad Blanca, en memoria de su icónica piedra volcánica llamada sillar, un verdadero símbolo de la urbe inca e hispánica, hoy la segunda ciudad más poblada y próspera del Perú. Esta ciudad, junto con otras del Perú, es una viva expresión de las glorias pasadas de los países de Hispanoamérica. En el caso de Perú, capital de dos grandes imperios, civilizaciones avanzadas, estados funcionales y países prósperos, algo bastante alejado de la situación actual con ocho presidentes en diez años. Muchos en nuestros países –salvo con excepciones como Chile– viven con una curiosa esquizofrenia de achacar a los conquistadores –y a los españoles actuales, que son tan hijos de ellos como nosotros– la responsabilidad de todos los males. La verdad es que esa acusación, muy mediática en el último tiempo por el ex Presidente mexicano ¡y nieto de españoles! –la ironía es patente– Andrés Manuel López Obrador, no sólo es un insulto a la historia y una injusticia con nuestros antepasados, sino que un intento de liberar de culpa a los verdaderos responsables de la eterna crisis de los países hispanoamericanos: los gobernantes republicanos, especialmente de los primeros años post Emancipación.

Recorriendo su maravilloso y blanco centro histórico, uno llega a la bella Plaza de Armas de Arequipa, presidida por la aún más bella Basílica Catedral de Santa María, testigo del pasado hispánico. En esta iglesia, como en otras del Perú, destacan en su fachada, concretamente en las bases de sus candelabros, dos indígenas. Esto recuerda que lo que tradicional y erróneamente llamamos “pasado colonial” no pudo estar más alejado de la dominación, expoliación de recursos y esclavitud que caracterizó a las colonizaciones británicas, portuguesa y francesa. Los españoles en nuestros países constituyeron algo así como una prolongación de la sociedad castellana en el continente americano. Lo que deberíamos llamar más apropiadamente pasado monárquico, hispánico o hispanoindiano –y en el caso peruano, virreinal–, se caracterizó por ser una sociedad bastante más  justa que las sociedades liberales. La sociedad virreinal, si bien no era igualitaria –lo que tampoco debería ser un ideal–, era una sociedad fraterna, en que se velaba por la elevación material y espiritual de todos. No fue una imposición por la fuerza –y eso en Perú es patente–, sino una integración social por medio del mestizaje. Era una sociedad jerárquica, pero se reconocieron los títulos de nobleza de los incas, y se promovieron los matrimonios entre españoles e indígenas. Esto se ve muy claramente en el famoso cuadro “El matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta”, que representa la unión del capitán y sobrino nieto de San Ignacio de Loyola con la princesa inca Beatriz Clara Coya en 1572.

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se hablaba de dos repúblicas, la de españoles y la de indios, cada una con sus leyes, y en la cual ante cualquier conflicto dirimía la Real Audiencia, representante del rey. Existe un caso en Chile, de hecho, en que los araucanos denunciaron ante la Audiencia que durante la Conquista se les arrebataron injustamente sus tierras, y la Real Audiencia exigió a la Gobernación una reparación a los indígenas. La integración de ambas sociedades no sólo se daría por medio del mestizaje, sino que también por medio del arte y la cultura: el barroco americano, como expresión social, religiosa, cultural y artística, será la gran síntesis de lo español y lo indígena en una única sociedad, por medio de procesiones, fiestas, cofradías e instituciones sociales. La sociedad hispanoindiana no sólo fue una sociedad integrada, sino que también una sociedad próspera y con instituciones funcionales. Por ejemplo, Ciudad de México, capital del Virreinato de Nueva España, fue una de las ciudades más ricas del mundo durante el siglo XVIII, mucho más que Madrid y las demás urbes de la Península y casi al nivel de Londres. 

Al mismo tiempo, los españoles prácticamente apenas pisaron territorio americano se aprestaron a fundar universidades. Incluso en Chile, que era de las provincias más pobres e inestables de la monarquía polisinodial, debido a la guerra con los araucanos, tuvo desde el comienzo universidades: la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino (dominicos), el Colegio Máximo San Miguel (jesuitas), el Convictorio San Francisco Javier (luego Carolino), la Pontificia Universidad Pencopolitana de La Concepción (diocesana administrada por los jesuitas) y la Real Universidad de San Felipe (pública). La última de ellas, que absorbió a las anteriores y subsistió en la Universidad de Chile, fue una gran formadora de funcionarios públicos, y de sus aulas egresaron 620 graduados de filosofía, 569 de teología, 526 de derecho, 40 de matemáticas y 33 de medicina.

Hace dos semanas se cumplieron 135 años de la publicación de la encíclica Rerum Novarum, inauguradora de la doctrina social de la Iglesia (DSI), y la semana pasada 95 de la Quadragesimo Anno, su principal continuadora. En dichos textos los pontífices León XIII –inspirador de nuestro actual Papa– y Pío XI, exhortan a los dirigentes políticos y sociales, así como a los fieles católicos en general, a ordenar nuestras sociedades según el Evangelio. Las sociedades hispanoindianas, con sus luces y sus sombras, fueron fiel expresión de los principios desarrollados por el magisterio pontificio, que en muchos casos se perdió durante la República. Chile ha sido un caso excepcional no sólo en su estabilidad política y desarrollo económico, sino en su permanencia de las instituciones políticas, sociales y culturales, incluso aquellas anteriores a la Independencia. Al visitar ciudades coloniales podemos ser nuevamente conscientes de la importancia de la epopeya que gestaron los españoles a este lado del Atlántico. Ningunearla o condenarla es una injusticia del tamaño de una catedral como la de Arequipa.