Si las izquierdas han usado una palabra para mantener vivo el odio político entre los chilenos, ésa ha sido “impunidad”. Con ese vocablo –un mantra, más bien– se han referido a toda situación en que creen no haber obtenido suficiente castigo para sus adversarios de hace 50 años, ni suficiente compensación económica para sus demandas.

Han usado durante los últimos 35 años la palabra “impunidad” con total prescindencia de sus propias culpas, ocultando sus responsabilidades –la viga en sus propios ojos– con las vigas o pajas, según los casos, que denuncian en los ojos ajenos.

Mientras tanto, otra impunidad muy real, parece comenzar a extenderse. La de los miles de funcionarios públicos que nos han defraudado a todos los chilenos cobrando platas que no les correspondían o viajando mientras estaban oficialmente “enfermos”. Se suman a ellos los profesores que exigen no ser castigados económicamente por los días no trabajados. Y, en el trasfondo, están los miles de sujetos que organizaron y ejecutaron la insurrección violenta de 2019 y que no solo no han sido procesados, sino que, además, en algunos casos fueron efectivamente indultados. Impunidad de la dura es la que se está extendiendo en Chile.

Doscientos años atrás –exactamente doscientos–, entre 1823 y 1828, la naciente República vivió una situación parecida: uno tras otros los perdonazos recayeron sobre éste o aquel amotinado (el caso de coronel Campino, en 1827, fue quizás, el más notablemente escandaloso) y se generó así una “cultura de la impunidad”, hasta que desde 1830 el ministro Diego Portales habló claro y puso los criterios en su lugar: ¿Delinques? Pagas.

Al próximo presidente de la República no le va a tocar una tarea menos ingrata y de menos importancia: restablecer el sentido y efectividad de la sanción.