Este sábado se desarrolló una nueva Cuenta Pública del Presidente de la República de Chile. Normalmente, como indica su nombre, se utiliza para dar cuenta del cumplimiento de la gestión –o de las promesas de la cuenta anterior– durante los últimos doce meses. Por su parte, –como indica el otro nombre con que se conocen (Mensaje Presidencial)–, se anuncian nuevos proyectos de ley, programas o iniciativas que desarrollaría el Gobierno de aquí a la próxima cuenta pública. Todo esto, en el marco de la inauguración de una nueva legislatura ordinaria.

Aunque parte importante de las columnas del fin de semana trataron sobre el discurso presidencial –tanto las que pronosticaban cómo iba a ser, como las polémicas propuestas (como el aborto libre o la eutanasia)–, es un hecho que ya no se les da la misma importancia desde que fue trasladada al 1 de junio –sin un feriado que facilitara darle importancia al evento– desde el 21 de mayo.

Como muchas instituciones o costumbres a las que nos hemos referido en esta tribuna, el Discurso Presidencial es una tradición que se viene desarrollando en Chile desde hace 190 años. De hecho, la Constitución de 1833 estipulaba que la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional –donde se realiza el Mensaje– serían los 1 de junio de todos los años, legislatura que duraba hasta el 1 de septiembre. Llama la atención que durante la primera década de esta costumbre republicana –hasta 1842–, el Congreso debía contestar la exposición del Mandatario, siguiendo el ejemplo de la monarquía británica.

No sería sino hasta la promulgación de la Constitución de 1925 que la legislatura se desarrollaría entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre, para conmemorar dos importantes efemérides patrias, como son las Glorias Navales y las Fiestas Patrias. En el artículo 56 de la Carta Magna se estipulaba que “Al inaugurarse cada legislatura ordinaria, el Presidente de la República dará cuenta al Congreso Pleno del estado administrativo y político de la Nación”.

Durante la fase constitucional del régimen militar (1981-1989), en tanto, la cuenta del “estado administrativo y político de la nación” (Constitución de 1980, art. 24) fue trasladada al 11 de septiembre, en conmemoración del Golpe de Estado con que se interrumpió el proceso, iniciado por la Unidad Popular (UP), de establecer un régimen totalitario, según lo denunciara la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973.

A partir de la Presidencia de Patricio Aylwin (1990-1994), se retoma la tradición de celebrar la inauguración del año legislativo los 21 de mayo, hasta que en 2017 se establece como nueva fecha el 1 de junio, para separar la celebración de las Glorias Navales de la Cuenta Pública presidencial. 

La celebración de una nueva Cuenta Pública presidencial es una ocasión propicia para reflexionar sobre el “estado administrativo y político de la nación”. Hace cinco años me preguntaba si “¿Es razonable volver a la reelección presidencial?”, argumentando que en Chile fue garantía de mayor estabilidad política y trabajo político de largo plazo que el modelo actual, pudiendo mejorar las administraciones presidenciales. Allí decíamos que “La posibilidad de dos períodos presidenciales consecutivos, permite trabajar a más años plazo y no demoler la obra del antecesor, sino que construir sobre lo realizado”. Asimismo, que “la reelección favorece la limitación del poder. Lo hace por la vía de un mayor accountability ciudadano, convirtiendo a la elección en un plebiscito sobre la gestión del presidente, pudiendo ser premiado en el caso de que haya gobernado bien, y castigado en el caso de haber gobernado mal”, lo que podría complementarse con el referéndum revocatorio. 

Recordemos que en 1964 la derecha quería reflotar la reelección para que Alessandri pudiera gobernar por segunda vez, e impedir el ascenso de Salvador Allende. La iniciativa no prosperó porque el mismo don Jorge se opuso a la idea de repostular. Finalmente, la derecha apoyaría a Eduardo Frei Montalva, pavimentando el camino a Salvador Allende. De haber sido reelecto Alessandri –quien gozaba de alta popularidad por su buen gobierno–, probablemente no habríamos sufrido como país las consecuencias del proyecto de la Unidad Popular (UP).

Sesenta años después, y enfrentados nuevamente a un mal gobernante, probablemente el peor en nuestra historia, bien haríamos en reflexionar sobre la importancia del buen gobierno y de los buenos gobernantes. Darnos cuenta de que los gobernantes dan cuenta al país porque deben servir a la comunidad política que encabezan, promoviendo el mayor bien de sus integrantes, y no servir al beneficio de sus amigotes. Las Cuentas Públicas nos muestran que el país no partió el 11 de marzo de hace tres años, sino que ha sido construido por muchas generaciones, y que los actos de gobierno tienen consecuencias, pudiendo redundar en el bien o en el mal común. 

Como ciudadanos debemos contribuir a que en el futuro tengamos buenos candidatos, no sólo buenos en lo técnico, sino también en lo político y en lo moral, que comprendan que están llamados al buen gobierno y no a la mera gestión, a la creación de comisiones o la lectura de poemas. Porque los Presidentes se comprometen a mejorar el “estado administrativo y político de la nación”, contribuyendo “a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”.