En el último tiempo hemos dedicado esta tribuna a reflexionar, recurriendo a distintos eventos históricos, sobre la continuidad y cambio en la historia de Chile. 

El pasado viernes 3 de mayo se cumplieron 210 años de un hito histórico poco conocido pero que da cuenta de dicha ambivalencia de nuestra historia patria. Se trata del Tratado de Lircay de 1814. Firmado por “patriotas” –o revolucionarios– y “realistas” –o patriotas–, buscaba, al término de la llamada Patria Vieja, reafirmar la lealtad al Rey de España, Fernando VII. 

El bando revolucionario más extremo consideró este pacto una traición a la causa independentista y motivó un golpe de estado encabezado por José Miguel Carrera –otro que se suma a la lista de golpes carreristas–, quien sostuvo que “el decreto del 4 de mayo de 1814 deja las autoridades constituidas en ambos hemisferios hasta la resolución de un nuevo Congreso, y anula la Constitución Española, y órdenes de la Regencia con la pena de muerte a los que pretendan su obediencia”, tratado pro el cual Carrera declaró “a [Mariano] Osorio y a todos los que sigan su campo traidores al Rey y a la patria”. 

Fuera de lo anecdótico, sumado a que el tratado fue quebrantado por ambas partes, da cuenta la citada ambivalencia entre continuidad y cambio en la historia de Chile. Por de pronto, desmonta una vez más la simplificación de que Chile fue un país dominado arbitrariamente por los españoles, y que apenas pudo –1810–, comenzó a intentar sacárselos de encima. Nada más alejado de la realidad. Al contrario, y como decimos en otra columna, “A partir de 1810 se enfrentarán dos ejércitos chilenos, el Ejército Real de Chile y el Ejército revolucionario o independentista”, heredero del bando exaltado, que la historiografía llamó patriota. Incluso, la gran mayoría en sus inicios era partidaria del primero de ellos, o de los moderados, un grupo intermedio. 

Como sostiene Jaime Eyzaguirre (Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile. Santiago: Editorial Universitaria, decimonovena edición, 2011, 58-59), las juntas de gobierno que dan el puntapié inicial al proceso emancipador, surgen porque, ante la falta de rey, “De acuerdo con la doctrina tradicional, se entendió que el poder volvió a la comunidad”. Estas juntas “juraron fidelidad a Fernando VII y tuvieron sólo un propósito de autonomista y de reforma, pero no de separatismo”. De esta manera, divide la “Revolución Emancipadora” (1810-1817) en tres períodos: La “Revolución Constitucional y Autonomista” (1810-1811), la “Revolución Separatista” (1812-1814) y la “Restauración Absolutista” (1814-1817) (Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile. Santiago: Editorial Universitaria, decimonovena edición, 2011, 54-68, passim). 

Una visión similar es la que sostendría algunas décadas antes Alberto Edwards, fallecido un 3 de abril de hace 98 años. En La organización política de Chile, publicado originalmente en 1943, señalaba que “la revolución pudo aparecer ante muchos, dentro de los antiguos principios del derecho monárquico, más legítima que la resistencia misma”. De esta manera, “La revolución chilena mantuvo su carácter jurídico y legal por lo menos hasta abril de 1811”, dos meses después del fallecimiento de Mateo Toro y Zambrano, Conde de la Conquista y primer Presidente de la “Junta Provisional Gubernativa del Reino a nombre de Fernando VII”. (La organización política de Chile. Santiago: Editorial del Pacífico, 1955, 26 y ss.).

De esta manera, el país –o sus élites–, hasta bastante avanzada la Patria Vieja, seguían manteniendo la lealtad a su rey, Fernando VII, mientras siguiera prisionero de Napoleón. Sólo después de 1814, con las persecuciones de Mariano Osorio y Casimiro Marcó del Pont, es que la balanza se movería en favor de los exaltados. Luego de 1818, costaría volver a enrielar el rumbo del país, cosa que se lograría en a partir de 1830 con la República Conservadora (1830/31-1851/61), que cimentaría las bases de un Estado monocrático heredero de la presidencia, gobernación y capitanía general del Reyno de Chile.