El invento de las dictaduras disfrazadas de repúblicas se lo debemos a un joven aristócrata romano llamado Gaius Octavius que, nacido en 63 AC, fue adoptado por su tío abuelo Julius Caesar, cambió su nombre por el de Gaius Julius Caesar, y fue empujado por éste a convertirse en actor de la última Guerra Civil que afligió a Roma y su imperio. Tras vencer a Marco Antonio (el que se suicidó tras la derrota en la batalla de Actiun), y a la cabeza de un poderoso ejército, este joven se encontró con el gobierno de Roma y de ese imperio a merced de su voluntad.

Pero, como era un gran estadista (el mejor de la historia según mi criterio), en lugar de ascender a un trono real, optó por gobernar en forma absoluta sin ostentar título especial alguno por el simple procedimiento de asumir media docena de magistraturas ya existentes en la estructura republicana que por siglos gobernó Roma. Tan solo aceptó el título de Augusto y el de “prínceps” (el primer ciudadano), pero eludió completamente todo título que denotara otra cosa que el ejercicio de todas las magistraturas fundamentales del Estado romano. Nunca habitó un palacio y gobernó el mundo de su época desde una villa situada en las laderas de uno de los montes de Roma. Ese comportamiento en modo alguno alteró su voluntad de crear una verdadera dinastía real y absoluta, concepto que el pueblo romano aceptó porque trajo la paz y la seguridad a un imperio que había sido profundamente afectado por las guerras civiles. En esa estructura de dictadura dinástica gobernó 45 años (31 AC hasta su muerte en 14 DC). Sus sucesores de la familia Julio-Claudiana reinaron hasta el año 68 DC y lo mismo hicieron todos los soberanos que siguieron hasta la caída definitiva del imperio en el año 476 DC. De esa manera, cada uno de ellos recibió de su antecesor lo que se dio en llamar “los poderes del principado”.

Pero, seguramente lo que Augusto nunca imaginó, fue que en el siglo XX surgiría una pléyade de dictadores que, siguiendo su ejemplo, fundaron tiranías disfrazadas con el atuendo de democracias ancestrales. Los principales actores de la mascarada se llamaron Lenin, Hitler, Mao, Castro, Maduro, etc. y las estructuras que fundaron todavía hoy oscurecen la mitad del mapa del mundo y bajo ellas gimen miles de millones de seres humanos.

Por cierto, que la creación de esas tiranías inició la progresiva usurpación de los derechos de los organismos propios de una verdadera democracia, como ser los congresos, las contralorías, la justicia, los bancos centrales, los tribunales constitucionales, etc., porque todos ellos son los que todavía se pueden englobar en ese concepto augustiniano de “poderes del principado”. Sin embargo, ni Augusto ni ninguno de sus sucesores se atrevió a privar al Senado de algunas facultades estimadas esenciales. En el caso de Roma, por ejemplo, el Senado conservó el derecho a calificar el reinado de un emperador fallecido y optar entre deificarlo o de condenarlo como “enemigo de Roma”. Cuando esto ocurría (y ocurrió varias veces), todos los decretos promulgados por el difunto quedaban nulos y el sucesor tenía que legislar sin ellos. Eso se llamó el derecho a Damnatio y todo emperador vivía la obsesión de esa condena después de su muerte. 

El Senado, además, conservó siempre su calidad de juez para tres tipos de delitos que por su gravedad conllevaban la pena capital. Esos delitos fueron el de alta traición, el de lesa majestad y el de enriquecimiento con recursos fiscales (“repetundis”). Sin desconocer que los juicios por lesa majestad y por alta traición sirvieron, muchas veces, para que el emperador abusara de ellos y los usara para deshacerse de enemigos políticos, es notable el concepto ético que conllevan. Los casos de este tipo abundan en la historia romana, siendo tal vez el más extremo aquel en que un senador enfrentó el hacha del verdugo por haber pagado en un prostíbulo con monedas que tenían la esfinge de Tiberio, lo que se consideró crimen de lesa majestad.

Sin embargo, lo aleccionador es cómo ya en Roma se consideró un crimen capital el enriquecerse con recursos públicos. Si ese criterio imperara hoy día, no habría hachas suficientes para todos los que caminaran al patíbulo por ladrones de recursos fiscales. 

Sin ir más lejos, estaríamos viendo por nuestras ventanas la marcha hacia el patíbulo de todos los integrantes que conforman el diezmado partido llamado Revolución Democrática (RD) y lo digo porque supongo que nadie que tenga dos dedos de frente se creerá que es sólo fruto de la casualidad el que todos los escándalos de las fundaciones van siempre a parar a algún operador o funcionario público de ese partido. Se trata, sin duda, de un diseño delictivo planeado por toda esa organización y por eso es que el asunto constituye el peor insulto a la buena fe del país, que sólo es superado por el manto de impunidad con que el gobierno de Gabriel Boric la ha protegido.

Tengo entendido que Gabriel Boric estudió derecho en la U. de Chile, y presumo que pasó de primer año en que el ramo fundamental es el de Derecho Romano. Si es así, la palabra “repetundis” le debería serle conocida, pero obviamente nunca fue asimilada dada la gratuita adjudicación de la patente de cómplice a que lo hace merecedor su calidad de encubridor de los desmanes de RD. Es de suponer que no lo impresionó para nada que el delito de robar recurso del fisco mereciera la pena capital en tiempos de una civilización que nosotros miramos a veces como bárbara. Sin embargo, si hubiera que juzgar a nuestro país por la pasividad al conocerse la obvia complicidad del Estado en la impunidad de RD, asumiríamos humildemente la verdad de que estamos mucho más abajo en moralidad pública de lo que estuvieron Calígula o Heliogábalo.

En cuanto al “damnatio”, al terminar su gobierno, Gabriel Boric lo tiene tan asegurado como para que no se lo dispute ninguno de sus antecesores.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el miércoles 22 de noviembre de 2023.