La semana pasada concluyó la segunda etapa del ¡tercer! proceso constitucional –recordemos el olvidado proceso participativo convocado por Michelle Bachelet–. Ahora serán revisadas por la Comisión Experta las correcciones al anteproyecto que realizó el Consejo Constitucional. Éste es un buen momento para realizar un balance de la propuesta constitucional que entrarán a discutir los comisionados expertos y, con cambios mediante, será plebiscitada a fines de este año.

Cuando se presentaron las enmiendas que serían discutidas por el Consejo, en esta tribuna sostuvimos que los republicanos habían tirado “toda la carne a la parrilla”. Naturalmente, esta expresión puede malentenderse, y así ha sido –y de forma maliciosa– por los detractores de la bancada republicana. Los críticos del partido liderado por José Antonio Kast han sostenido que las enmiendas republicanas, gran parte de las cuales serían aprobadas en el pleno, daban forma a una Constitución “partisana”. 

Si ofrecemos una visión que extremiza este argumento, Luis Cuello, jefe de la bancada comunista, diría que el texto “tiene la dudosa virtud de ser más retrógrado que la Constitución de 1980”. Pero las críticas al proceso no sólo vendrían de los sectores más radicales del Gobierno, sino que desde el interior “del sector”: Evelyn Matthei, probablemente la principal contendora presidencial de Kast desde la verda “chilevamista”, sostendría a El Mercurio que “lo ya redactado se parece más a un programa de gobierno de una mayoría circunstancial que a una Constitución” y que “si las cosas siguen así, no pondré mi capital político para esta nueva Constitución”.

En nuestra columna sosteníamos que “consejeros republicanos no huyeron de su responsabilidad y, al contrario, estudiaron en profundidad el Anteproyecto para, así, reformarlo en lo que requería para presentar al país una Constitución septiembrista”, lo que “no quiere decir una Constitución partisana”, “sino que se entronque en la tradición constitucional de Chile”. Justamente ésa es la impresión que deja una lectura honesta del proyecto. 

En palabras de Beatriz Hevia, Presidenta del Consejo Constitucional, “este es el anteproyecto de los expertos al que se le incorporó la voluntad ciudadana”, en ese sentido, “el texto se hace cargo de la tradición constitucional chilena, mirando un Chile también hacia el futuro, de cómo mejoramos lo que hay que mejorar”. Por eso, “es muy difícil que alguien que estuvo con el texto refundacional y que no ha renunciado a ese contenido, a esas ideas, pueda estar de acuerdo con el texto que se está proponiendo hoy día […]. Cualquiera que siga con ideas refundacionales va a considerar que esta no es su casa”.

Si nos atenemos a los datos, un 65% de la propuesta del Consejo Constitucional –que se traduce en 29.500 palabras– corresponde a lo presentado por la Comisión Experta. Además, como comprobación de que los republicanos no “pasaron máquina”, un 42% de las votaciones del Consejo fue aprobada por unanimidad. Como opinó Claudio Alvarado, “estos datos sugieren que no es verdad que estemos en presencia de un texto abiertamente partisano […], como lo ha querido descalificar cierta izquierda”.

Ahora que los expertos vuelven a discernir sobre el texto constitucional, esperamos que mantengan el grueso de los aportes del Consejo Constitucional, que dan forma a una propuesta constitucional verdaderamente sensata. Entre las contribuciones positivas de los consejeros debemos destacar la protección de “quien” está por nacer, la libertad de conciencia y la objeción institucional, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, un auténtico reconocimiento de la provisión privada de derechos sociales y de la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones, la autonomía de los cuerpos intermedios y la servicialidad del Estado, el carácter militar de Carabineros, la reducción de parlamentarios o la eliminación de las contribuciones, y muchas otras. Ninguna de estas propuestas es partisana –porque no benefician arbitrariamente a un partido–, ni de políticas públicas –porque tratan sobre derechos fundamentales–, sino que dirigen nuestro orden social y político al bien común.