El lunes pasado se agotó el plazo para presentar las propuestas de enmienda al anteproyecto preparado por la Comisión Experta. “Más de mil iniciativas para modificar el texto ingresaron a la secretaría del Consejo Constitucional”, resumió Diario Financiero, de las cuales el Partido Republicano “presentó casi 400 modificaciones”. En gran medida las enmiendas republicanas ya habían sido adelantadas el día anterior por el consejero Luis Alejandro Silva a El Mercurio, quien encabeza la bancada del partido.

Una lectura panorámica de las enmiendas propuestas por el Partido Republicano deja la positiva impresión de que “tiraron toda la carne a la parrilla”, como se dice en buen chileno. Es decir, no sólo no “amarillaron” para cuidar la mayoría circunstancial, sino que se presentaron prácticamente todas las correcciones que eran necesarias para que se presente un proyecto de Constitución aprobable, reconociendo los aciertos del Anteproyecto. Como Jack el Destripador, vamos por partes.

Con respecto al derecho a la vida, hay dos enmiendas dignas de mención. Por un lado, se reconoce que “Todo ser humano es persona. Las personas son libres e iguales en dignidad y derechos” (art.1), así como que “Se protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad”, junto con la prohibición de “la práctica eugenésica” y el genocidio (art.16).

Asimismo, se refuerza que la provisión de derechos sociales debe ser por instituciones públicas y privadas, punto de las 12 Bases que no estaba suficientemente reconocido en el Anteproyecto. Por ejemplo, se incorpora no sólo la libertad de elección, sino que la propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, así como la eliminación de las contribuciones en el caso de “la vivienda que sirve como residencia principal de una persona o familia” (art.16). 

En ese contexto, son dignas de destacar las enmiendas relacionadas con la educación. Por ejemplo, se consagra que “Las familias tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas” , así como que “Las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho y deber preferente de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar y garantizar su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho” (art.16).

En esa línea, también es relevante que se reconozca (art.16) que “La libertad de enseñanza existe para garantizar a las familias, a través de los padres o tutores, según sea el caso, el deber y derecho preferente de educar a los hijos o pupilos; de escoger el tipo de educación; y de enseñarles por sí mismos o de elegir para ellos el establecimiento de enseñanza que estimen de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. Los padres o tutores tienen derecho a acceder a financiamiento del Estado para garantizar este derecho”.

En otros temas, se refuerza la autonomía de los cuerpos intermedios (art.16), al regular que los que “hagan mal uso” de dicha autonomía, “interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley”, en particular las actividades político partidistas.

Otra enmienda relevante es el reconocimiento de que “Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro. Es deber del Estado garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada” (art.16).

Un tema particularmente candente es el de la ecología y el cuidado del medioambiente, donde destacan las enmiendas en la línea de reforzar la ecología humana, es decir, que el cuidado del medio ambiente es en orden al desarrollo de la persona, lo que incluye el desarrollo material.

Para no agotar con extensas citas, sólo quería destacar que hay otros temas interesantes –como el reforzamiento de la protección de las fronteras y la regulación de las migraciones, la eliminación de la paridad de salida, el achicamiento del Congreso o un refuerzo de las facultades del Tribunal Constitucional, o la prohibición de partidos totalitarios–, que refuerzan el punto que intento demostrar en esta columna. 

En ese sentido, los consejeros republicanos no huyeron de su responsabilidad y, al contrario, estudiaron en profundidad el Anteproyecto para, así, reformarlo en lo que requería para presentar al país una Constitución septiembrista. Esto no quiere decir una Constitución partisana –que “pase máquina” a sus adversarios–, sino que se entronque en la tradición constitucional de Chile, que surge mucho antes de los últimos procesos constitucionales, respondiendo así a la Constitución viva, es decir, al “alma de Chile”.