En medio de los días de aniversario del Partido Demócrata Cristiano (PDC), uno de los más relevantes en la historia nacional, han causado revuelo entre “camaradas” las declaraciones del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien, según consigna T13.cl, “hizo un llamado [a] no seguir discutiendo sobre el golpe de Estado” y que no sería posible “una verdad oficial”.

Frei no sólo generó discusión al interior de la tienda falangista, con vicepresidentes con posiciones encontradas, tanto en rechazo como apoyo del ex Mandatario, un senador crítico de la opinión del ingeniero, o posiciones intermedias como la de su presidente Alberto Undurraga, sino que cruzó las fronteras del partido hasta llegar a uno de los referentes que aglutina a los falangistas desilusionados: el Partido Demócratas apoyaría la declaración del ex Presidente Frei.

Es importante recordar que las declaraciones del ex Mandatario se dieron en un contexto no sólo de conmemoración de los 50 años del 11 de Septiembre, sino que un año en que el Gobierno echó a andar una polémica Comisión Asesora contra la Desinformación y que Patricio Fernández renunció a la organización de los 50 años del Golpe por las presiones que ejerció el Partido Comunista (PC), que desconfiaba de la idoneidad del reconocido periodista de izquierda para organizar las actividades alusivas al polémico aniversario. 

Y es que tiene un punto Eduardo Frei al señalar que “No sigamos discutiendo los 50 años, si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial”. La polarización en torno a la interpretación de nuestra historia reciente, particularmente respecto de los gobiernos de Allende y Pinochet, es muy fuerte, lo que hace inviable un consenso unánime en torno a las últimas cinco décadas. Es decir, debemos constatar que no tenemos una memoria compartida, sino que en disputa. 

Por eso el intento del Gobierno de Boric y del PC de que a los 50 años de la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Carabineros el país tenga una visión única de los hechos no es viable. No les podemos pedir a nuestros padres y abuelos que compartan que Allende fue un demócrata, que cuidó las instituciones, respetó el Estado de Derecho y fue sacado del poder porque a la CIA y al gobierno de Estados Unidos (EEUU) les dio la gana, cuando ellos fueron testigos de que Allende no manejó a su coalición, que ésta apoyaba –no sólo en la teoría, sino que en la práctica– la vía armada, que su Gobierno atropelló la institucionalidad de forma sistemática y que hubo derechos fundamentales como la seguridad, la integridad física y la propiedad privada que fueron permanentemente atropellados por el Gobierno y sus adherentes; y que ante dichos oprobios se organizaron y alzaron.

Serían esas acciones las que llevaron a la Cámara de Diputados a declarar que “es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece”. 

El Acuerdo del 22 de agosto de 1973 no se queda ahí, sino que sostiene que “el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y, permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho”.

De esta manera, no es impropio sostener que “los militares terminaron lo que los civiles comenzaron”, en palabras de Gonzalo Rojas. Porque la acción del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Carabineros –la reivindiquemos o no– fue una respuesta a la ilegalidad en que había incurrido el Gobierno de Allende, y que el país llevaba tres años de desgobierno, caos económico y social, y violencia política que los políticos fueron incapaces de detener a tiempo. Tanto así que entre quienes apoyaban el golpe se encontraba no sólo la derecha, sino que también la Democracia Cristiana (DC).

Volviendo al tema que nos convoca, es un hecho que parte importante del país tiene una interpretación distinta de la que se ha delineado en esta columna. Y dentro de la tienda falangista, la mayor parte no está de acuerdo con la decisión de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Montalva de apoyar a la Junta Militar. Pero justamente porque no hay consenso, mientras no lo haya, a cada sector se le debe reconocer el derecho de sostener una visión parcial de los hechos en cuestión. Porque no se puede imponer desde el Gobierno una visión única de la historia, especialmente si ella niega aspectos fundamentales de los hechos.Compartiendo el llamado del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle, miremos hacia adelante, y propiciemos lo que soñaba Patricio Aylwin: “Restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares… ¡Sí, señores! ¡Sí, compatriotas!: Civiles o militares, ¡Chile es uno solo!”. Aylwin gozaba de una posición privilegiada para hacer ese llamado, porque formó parte de los dos bandos en cuestión. Y, al contrario de lo que piensan Gabriel Boric y la izquierda radical, las dudas respecto del régimen republicano democrático y el coqueteo con dictaduras totalitarias se da justamente en los que promueven verdades oficiales de la historia y la actualidad política y no de quienes defienden la libertad de disentir respecto del pasado.