Cada semana el Gobierno nos sorprende con nuevos impasses, problemas de gestión, de diseño de políticas públicas, nulo manejo de la delincuencia –ya convertida en crimen organizado– incapacidad de cumplir el primer fin de la salud pública –salvar vidas–, y tantos otros, bien resumidos en las columnas de este año de Juan Pablo Zúñiga en este portal. Todos ellos han despertado en la población la necesidad de orden, autoridad y “mano dura”, que tanta falta nos hacen desde los inicios de nuestra crisis social, moral e institucional, producida justamente por el desacople entre una clase política aburrida de mandar y la ciudadanía decepcionada y cansada de obedecer, que se dio cuenta de lo que tenía una vez que lo perdió.

Ante ese contexto y en medio de un proceso constitucional en el que se están repensando las bases institucionales de nuestro Estado, bien podemos hacer en reflexionar sobre la necesidad de revitalizar el principio de autoridad. Si sacamos de nuestros estantes los libros de historia, podremos darnos cuenta de que prácticamente todas nuestras crisis han tenido ese mismo caldo de cultivo, que redunda en un gobierno que no es obedecido, cual fantasma que nadie nota que se encuentra allí. Es lo que ocurrió entre 2019 y 2020, pero también en 1973, 1931-1932, 1924/1925, 1891 o 1830. Y en todos esos casos –exceptuando la crisis todavía en curso– la solución ha pasado por la restauración de la legitimidad del régimen de gobierno –la autoridad–, así como las facultades del Presidente de la República –la potestad–, que requiere todo Estado para funcionar adecuadamente.

Por eso, bien haríamos en meditar cómo le devolvemos dicha legitimidad al Gobierno con mayúscula, a la autoridad presidencial “en abstracto”. Dicha reflexión es la que hiciera hace casi un siglo Alberto Edwards, uno de los más grandes historiadores que ha engendrado nuestra Patria, en su obra La fronda aristocrática en Chile, que sentaría las bases de un Gobierno restaurador como el de Carlos Ibáñez del Campo.

En su obra, Edwards diagnosticó muy lúcidamente la situación política de su época, que pareciera que rima con la actual. Siguiendo el ejemplo de Diego Portales, se dio cuenta de que fallaba el “resorte principal de la máquina”: “la autoridad tradicional, el Gobierno obedecido, fuerte, respetable y respetado, eterno, inmutable, superior a los partidos y a los prestigios personales” (Alberto Edwards, La fronda aristocrática en Chile. Santiago: Editorial Universitaria, decimoséptima edición, 2012, 62). Y ante ese diagnóstico, una propuesta: “Había que hacer surgir del caos revolucionario un gobierno improvisado, hijo de la revuelta, pero que a la vez inspirase, desde el principio, la veneración religiosa que por lo regular sólo acompaña a las instituciones consagradas con el tiempo” (Edwards, La fronda aristocrática en Chile, 65).

Tal como en los albores de Lircay y del gobierno ibañista, pareciera que el pueblo se ha vuelto a despertar de la borrachera revolucionaria en la que estuvo entre 1823 y 1830, primero, y entre 1920 y 1925, después. Tampoco es coincidencia que sea en los 50 años del golpe de 1973. Como en esos tres momentos, pareciera que nuevamente hemos tocado fondo en una larga crisis de autoridad, y pareciera que vemos la luz al final del túnel. La nueva etapa del proceso constitucional que comenzó el pasado miércoles, donde la Presidencia de la Mesa ha sido asumida por una republicana consciente de la “crisis integral” que vive el país, y la bancada republicana se alza como la controladora del hemiciclo, ofrece una nueva oportunidad de restaurar –esta vez en el Consejo Constitucional– el otrora vilipendiado y hoy anhelado principio de autoridad. Esperemos que el Consejo le dé al Presidente el necesario ejemplo de “mérito, virtud y patriotismo” que tan alto cargo hoy echa en falta.