En las últimas semanas se ha desarrollado una fuerte discusión respecto de la pertinencia de que el Gobierno discuta con los gremios empresariales una futura reforma tributaria –o, como la empezaron a llamar, “pacto fiscal”–. En general, en la derecha han habido visiones críticas de que sean los representantes de los empresarios quienes contribuyan a la generación de leyes, porque ése sería el rol del Congreso y no de las asociaciones patronales.

Probablemente la argumentación más sólida en favor de esta postura es la que desarrolló Lucía Santa Cruz en su tribuna en El Mercurio. Partiendo de la teoría liberal clásica respecto del orden político, pero combinándola con las más novedosas teorías del management, sostiene que el rol público de la empresa es “velar por el cumplimiento estricto del tratamiento justo que deben a sus clientes y trabajadores y la obligación de asegurar la continuidad de sus negocios promoviendo la administración eficaz de las inversiones de sus accionistas”, y critica la idea de que los gremios participen en la función legislativa, defendida por la “ideología corporativista”.

La teoría contractualista, fundamento de la ideología liberal, sostiene que la sociedad es un conjunto de individuos que se organiza para resolver sus propios problemas, delegando la soberanía en el Estado, dividido en tres funciones o poderes que se fiscalizan mutuamente. En ese contexto, las organizaciones de la sociedad civil, aunque deban preocuparse de ser un “buen vecino”, no deben inmiscuirse en la discusión política –o hacerlo lo menos posible–, porque ese rol le compete a los partidos políticos, que serían los auténticos representantes de la ciudadanía.

Santa Cruz acierta al enfrentar al liberalismo con la tradición corporativa. Ésta sostiene que la comunidad política es una sociedad de sociedades, donde las agrupaciones territoriales y funcionales ejercen una soberanía complementaria a la que corresponde al gobierno, ofreciendo dos fuentes de representación y, en consecuencia, de legitimidad del orden político. 

Estas ideas, naturalmente, no se han expresado en todas partes de la misma manera, y no todos sus teóricos defienden que los gremios integren una cámara corporativa. En palabras de Santa Cruz, “la ideología corporativista (que ciertamente ha estado muy presente en ciertas tradiciones intelectuales e historiográficas nacionales) […] “promueve un sistema político en que los gobiernos se vinculan directamente con ellos, lo cual entrega a dichas organizaciones una gran influencia en la formulación de las políticas públicas y en general en la toma de decisiones de los gobiernos”.

Independiente de la visión que tengamos del corporativismo, no podemos negar que reconoce un par de verdades fundamentales que es conveniente destacar. En primer lugar, que los cuerpos intermedios no son organismos aislados, sino que se deben al conjunto, y que deben participar en la consecución del bien común general. Segundo, que el bien común de la sociedad no es abstracto, sino que requiere conocer la realidad concreta de la respectiva sociedad, y allí las asociaciones funcionales tienen una función relevante que jugar. Y tercero, que los gremios ejercen una forma de representación social distinta de la de los partidos políticos, dando cuenta de la variedad de funciones y fines al interior de la comunidad política. Ninguno de esos tres puntos ha sido recogido adecuadamente por la ideología liberal y, por el contrario, insiste en enfrentarlos. 

En medio del proceso constitucional en el que nos encontramos, conviene leer a distintos pensadores respecto del orden político, especialmente a quienes han influido en los procesos anteriores. Ahí juega un papel protagónico el libro Nostalgia de Vázquez de Mella (1944), monumental obra del P. Osvaldo Lira, formador de Jaime Guzmán, uno de los arquitectos del ordenamiento constitucional que hoy nos rige. Como sostuvimos en una columna anterior, “Esta vía alternativa de participación social es aún más necesaria en un contexto de deslegitimación de los partidos políticos”, consecuencia de que “los políticos no han cumplido adecuadamente su función, optando por un beneficio personal, familiar o del partido por sobre el bien común general. Esto ha proliferado de forma transversal manifestaciones de corrupción de los funcionarios del Estado, de las autoridades y representantes, y de los dirigentes partidarios”, como ha resonado en los últimos días en torno al caso de la Fundación Democracia Viva.

Naturalmente, nuestra invitación no es a reemplazar la democracia por las componendas entre grupos de interés –de lo que agudamente advierte Santa Cruz–, sino que a reconocer no sólo la validez de que los gremios ofrezcan propuestas para redactar mejores leyes en los temas propios de su expertise, sino también el deber que tienen de contribuir al bien común, no sólo por medio de sus funciones propias –gremiales y empresariales–, sino que justamente a través de iniciativas como las que se han criticado en los últimos días, recordando lo que Rafael Alvira llamaba “el estatuto sociopolítico de la clase empresarial”.