Con un nuevo proceso constitucional en curso, como el  “Día de la Marmota”, en mi columna anterior me referí a sus alcances, junto con sus semejanzas y diferencias con el anterior, invitando a un moderado optimismo. Aunque el diseño del proceso y la composición de la Comisión Experta tranquilizan bastante a la hora de imaginar cómo sería el proyecto de nueva Constitución, ya se han dado unas señales preocupantes. 

Cuando se propuso un índice para la Carta Magna, se omitió la referencia a las Fuerzas Armadas (FFAA) y de Orden y Seguridad Pública –que son dos y no tres, como equivocadamente señaló Tomás Mosciatti–. Esto se comprende en el marco de la recurrente tendencia a volver a la Constitución de 1925, supuestamente poseedora de una legitimidad sacrosanta que nunca habría tenido la Carta de 1980 y 2005, que en otra ocasión demostramos que se fundaría en un mito histórico. La respuesta de los expertos de la oposición no se hizo esperar y se solicitó reincorporar las instituciones castrenses en el índice, a lo que replicó el oficialismo con una propuesta de capítulo sobre seguridad pública. Finalmente, ninguno de los dos capítulos sería incorporado a la estructura de anteproyecto. Si bien es digno de destacar que ambos lados de la Comisión tuvieron disposición a llegar a un acuerdo, arroja una peligrosa señal que esperemos que no se transforme en tendencia a lo largo del proceso de redacción de la nueva Carta Magna. 

Como decíamos, pareciera que el proceso tenderá a una carta con un buen diseño técnico pero acorde a una antropología liberal progresista, sin los extremos de la propuesta de la Convención Constitucional rechazada en septiembre del año pasado, lo que se traduciría en un triunfo del noviembrismo y no del septiembrismo. Y es que el progresismo, sea de derecha o de izquierda, tiende a hacerle el juego a la izquierda más radical, cosa que ya vimos en la Convención que ofreció al país aquel “mamarracho” ecosocialista. Aunque estemos seguros de que el nuevo proyecto no será igual al anterior, el octubrismo seguirá pululándole en la oreja al noviembrismo para que le consientan sus tentativas autoritarias o al menos las progresistas más radicales, como el aborto, el indigenismo o el ecologismo profundo. 

Para que el noviembrismo –esa tendencia a la reforma– no le haga el juego al octubrismo –el afán refundacional, es decir, la revolución–, sino que busque construir sobre lo preexistente –el septiembrismo–, debe comprender que para que la reforma pueda surtir efecto no debe ser desde cero, sino que debe entroncarse en la tradición política, plegándose a la Constitución histórica. Esta verdadera “reforma en continuidad” –si se me perdona la impropiedad– requiere el concierto de los Republicanos, “Chile Seguro” y la centroizquierda moderada en pos de un proyecto patriótico. Sólo así expertos y consejeros podrán ofrecerle a Chile una Ley Fundamental que genere las condiciones para recuperar la estabilidad política, el progreso económico y la paz social que perdimos en octubre de 2019.