No conozco a nadie que lo haya afirmado, pero me han dicho que hay personas que lo promueven.

Me refiero a la iniciativa de votar nulo en la próxima elección de consejeros constitucionales.

Esa opción es comprensible, pero completamente errónea y muy dañina.

Es comprensible, porque la convicción de quienes votamos mayoritariamente Rechazo y, consiguientemente, exigimos que se cumpliera lo dispuesto por la Constitución, fue defraudada por los presidentes de la UDI y de RN, quienes faltaron al compromiso formal que habían contraído sus partidos el 15 de noviembre de 2019 (con independencia de que ese compromiso también tenía un origen ilegítimo). Entonces, insisto, es comprensible que haya personas que reaccionen mandando todo a buena parte, incluyendo su propio derecho a elegir representantes ante el Consejo Constitucional. Es una reacción producto de la justificable indignación que genera el comportamiento de Chile Vamos.

Pero, ese enojo no debe derivar en un mal aún mayor.

Restarle votos a los candidatos confiables significaría tres cosas muy delicadas.

Por una parte, que la composición del Consejo pudiese ser parecida a la de la Convención, con el consiguiente riesgo de que redacten un segundo mamarracho; por otra, que no haya suficientes voceros cualificados de nuestras ideas desde el Consejo hacia la opinión pública; y, finalmente, que pueda consolidarse una mentalidad de prescindencia electoral que en futuras elecciones siga beneficiando a esas izquierdas que nunca se restan.

Más de medios siglo atrás, Jaime Guzmán, que había sido desde el comienzo un decidido opositor a todos los mecanismos de cogobierno universitario, cuando esas fórmulas ya estaban instaladas y operaban, insistió en que había que usarlas para hacer oír la propia voz y minimizar así los riesgos de aquella torpe marea democratizadora de las universidades.

No es inmoral, no es inconsecuente elegir a nuestros consejeros el próximo mes de mayo. Es volver a usar los instrumentos de los que disponemos para seguir defendiendo a Chile.