El Gobierno presentó su refundación previsional. Con instrumentos que desconocen el cambio sustantivo que significó la PGU para el sistema y sobre premisas que recuerdan consignas de No + AFP será difícil tener una discusión previsional razonada. Los sectores políticos debieran advertir que el debate es mucho más profundo que si destinar 6, 3 o 2 puntos a reparto dado el calibre de la refundación y su (in)capacidad de mejorar, sosteniblemente y en el largo plazo, las pensiones ¿No se trataba de eso la discusión?
Para un debate razonable, desechemos la propaganda. Insisten en que se respeta nuestra libertad de elegir, pero toda la sucesiva cotización previsional irá a parar a un administrador monopólico estatal, no desafiable. Así, todas las actividades de soporte relacionadas al ahorro para la vejez (afiliación, recaudación, cobranzas de cotizaciones, gestión de cuentas y seguro social, de beneficios del sistema y toda la atención a público, entre otras) serán efectuadas por el nuevo ente monopólico. Dicen que el costo de administración será fiscal, o sea de Moya. Solo que Moya es usted financiando al Estado. No hay algo así como un almuerzo gratis. Montar el monopolio y sus pesadas funciones sobre el actual IPS, llenarlo de casi 1.800 nuevos funcionarios posiblemente más caros que sus pares en el sector privado y de sistemas computacionales sofisticados, entre otros, nos costará y harto ($112.000 millones anuales en régimen).
Respecto de la inversión del ahorro así recolectado, será de responsabilidad de otro ente estatal. En lo que toca al sucesivo aporte del 10%, por defecto, iremos a parar ahí, salvo que hagamos una gestión para devolvernos al sector privado ¡Vaya espacio de libertad! Y a quienes lo adviertan, por cierto.
Se trata de un cambio copernicano. Respecto al 10%, aparentemente, debiéramos estar agradecidos pues también podrían habérnoslo arrebatado para el reparto ¡Qué libres que somos! Para qué decir de otros espacios, perfectibles en cuanto a su regulación, que simplemente desaparecen: el retiro programado, depósito convenido, la cuenta de ahorro voluntario (cuenta dos), entre otros. Menos opciones ¡Cuánta libertad!
Respecto al 6% adicional que afectará a los empleados formales (los independientes no estarán obligados a cotizarlo) dicen que será de cargo del empleador, pero nuevamente no hay almuerzo gratis y el costo lo pagarán los asalariados formales actuales o futuros por la vía de menores alzas en los salarios o de la menor oferta de empleo formal. Además, como aumenta el tope imponible, disminuye el sueldo líquido. Si tan solo esa disminución fuera a parar a una cuenta de ahorro propia. Nos dicen ¡pero habrá una “cuenta personal para el 6%”! En ella se reflejará que el 70% del aporte se relaciona con nuestra remuneración actual, mientras que el 30% restante reflejará la remuneración promedio del sistema y ello se distribuirá equitativamente entre todos los trabajadores, independiente de cuánto aporten. En realidad, se trata de un registro contable que un burócrata llevará para tener una noción de los aportes, al que aplicará la rentabilidad asignada también por el burócrata (menor a la del mercado). Intrageneracionalmente, habría transferencias desde el 35% de afiliados de mayores ingresos —salarios brutos superiores a $900 mil mensual— al 65% de menores ingresos, e intergeneracionalmente, los pensionados futuros y actuales tendrían una garantía de $3.830, aproximadamente, por cada 12 meses cotizados, con un tope de 360 meses. $115 mil en 40 años. Señalan que la promesa de ese monto futuro sería suficiente incentivo para cotizar, no afectándose el empleo formal.
En 2017, cuando el ministro de Hacienda era banquero central, firmó un informe de la entidad indicando que para que el ahorro intrageneracional no produjera efectos negativos en el mercado laboral era clave incorporar incentivos a la formalización y definir con precisión los derechos de propiedad sobre los fondos generacionales. ¿Serán las transferencias indicadas y los $115 mil, inciertos y en 40 años, los incentivos clave? ¿Y el derecho de propiedad? También, señalaba que los sistemas de reparto generan efectos negativos en el empleo, aumentan la informalidad y disminuyen el PIB de largo plazo.
Si en vez de la refundación monopólica destinamos el 6% a una cuenta propia de capitalización individual, más la PGU (equivalente a 5 puntos de cotización que mejora las pensiones hoy), las pensiones aumentarán cierta y sustantivamente en el mediano plazo. El banquero central de 2017 sostenía que las fórmulas de capitalización individual eran las menos lesivas para el empleo. ¿Qué habrá sido de ese banquero central?
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio, el domingo 13 de noviembre de 2022.