En su primera visita a La Araucanía, Boric confirmó su tendencia a realizar gestos que parecen representar más de lo que son, en muchos casos para disimular las indefiniciones. Es la consecuencia de los desajustes producidos entre la visión con la que llegó a La Moneda y la inconfortable realidad de cada día. Las cosas estaban lejos de ser cómo él creía, y ha tenido que lidiar con sus prejuicios y los de sus camaradas. Además, desde el 4 de septiembre, todo se ha vuelto más difícil.
La noticia del jueves 10 fue su reconocimiento de que hay acciones terroristas en La Araucanía. O sea, aquello que negaba hace un año como diputado del Frente Amplio, cuando estaba presto a condenar a las fuerzas policiales y militares que enfrentan cotidianamente todos los riesgos. Como sea, era positivo su cambio. Además, la CAM y los otros grupos armados habían “saludado” su visita de un modo inequívoco. Hizo bien al escuchar el testimonio de algunas víctimas del terrorismo. Era un paso adelante.
Sin embargo, retrocedió rápidamente. Dijo que no era partidario de aplicar la Ley Antiterrorista, que sí fue aplicada por Bachelet y Piñera. ¿Qué valor tenía entonces su condena a “los cobardes”, como los llamó, si no estaba dispuesto a respaldar una acción coherente del Estado? Si la ley requiere cambios, está en su mano promoverlos, pero no puede vacilar en un terreno tan decisivo. Y mucho menos, enredarlo todo al decir que está planteado “un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”, que ha sido la ficción usada por las izquierdas para dar apariencia noble a las fechorías de quienes demuestran, una y otra vez, no tener Dios ni ley.
La dimensión de la amenaza está reflejada en el estudio “Patrones territoriales de violencia en la Macrozona Sur”, elaborado por Atisba, la oficina de urbanismo que encabeza Iván Poduje. Entre 2018 y 2022, la superficie afectada por el terrorismo aumentó en 16 veces, se ha ido acercando a las ciudades (además de Temuco, están en riesgo Victoria, Lautaro y Collipulli), y ha destruido las economías turísticas de los lagos Lleu-Lleu y Lanalhue, además de los balnearios de Tirúa, Quidico y Lebu, en la provincia de Arauco.
Según el informe, los ataques que más han aumentado son los que afectan a la infraestructura crítica –trenes, carreteras, aeródromos, antenas- y edificios públicos –escuelas, municipios, recintos policiales-, lo que “evidencia un intento por debilitar la presencia del Estado y aislar la Macrozona Sur del país”. El estudio contabiliza 35 ataques contra edificios públicos, lo que incluye tres instalaciones de CONAF, tomas e incendios coordinados en seis edificios municipales, dos edificios de gobernaciones, hospitales, postas rurales y consultorios. También vehículos de bomberos, ambulancias e instalaciones de agua potable.
Ha habido 28 ataques selectivos a miembros del Poder Judicial, policías, dirigentes comunitarios, testigos o mapuches sindicados como “traidores” por trabajar en empresas forestales. El informe menciona los ataques incendiarios a las casas del exfiscal de Cañete, del alcalde de Collipulli, de un ex juez de garantía de Cañete, y de la familia del exconvencional Fuad Chahín. Poduje sostiene que el conflicto ya afecta a seis regiones y avanza hacia los centros poblados, lo que plantea un gran peligro. Afirma que podría subir la intensidad de los ataques y su capacidad destructiva. No duda en hablar de “una guerra contra el Estado de Chile y las instituciones que lo representan”.
Habla por sí sola la magnitud del Rechazo en las comunas con mayor población mapuche. ¿Por qué insiste Boric, entonces, en un relato falso que solo ayuda a los delincuentes? Probablemente, porque sigue preocupado de mantener los restos del discurso que le permitió establecer una alianza con los activistas del indigenismo, de cuya habilidad en el negocio político de la raza quedó constancia en el proyecto de Constitución que avaló Boric. El relato sirve también para escabullir el bulto respecto de la obligación del Estado de imponer el monopolio de la fuerza en el sur, lo que implica desarticular a los grupos armados que controlan amplias zonas. Boric no puede ignorar la envergadura de ese reto, frente al cual sus gestos de apaciguamiento se han demostrado estériles.
Por su lado, las Fuerzas Armadas y las policías saben que, tarde o temprano, habrá que restablecer allí el imperio de la ley. En tal contexto, Boric ha propuesto formar una Comisión por la Paz y el Entendimiento con el fin de “saldar la deuda con el pueblo mapuche” en materia de tierras. Habló de hacer un catastro para entregar nuevas tierras, sin asomo de inquietud por el balance que debería entregar la Conadi sobre los miles de hectáreas entregadas en los últimos 15 años. ¿En qué estado se encuentran esas tierras? ¿Son productivas? ¿Quiénes son sus reales propietarios? ¿Tiene recursos el Estado para seguir expropiando?
Lo más inquietante es que Boric no parece tomarle el peso a las palabras cuando se refiere a “la demanda viva que existe sobre las llamadas tierras antiguas”. Equivale a abrir las compuertas a los grupos armados para que multipliquen las ocupaciones de predios con el fin de forzar la expropiación. Podrían venir múltiples focos de violencia. En un momento en el que La Araucanía reclama una firme respuesta al terrorismo, Boric podría estar abonando el terreno para mayores penurias y, de ese modo, debilitando todavía más a su gobierno.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por ExAnte, el domingo 13 de noviembre de 2022.