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¿Hay o no presos políticos?

Las declaraciones de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, marcaron la discusión pública de los últimos días. A tal punto, que el gobierno y ella misma tuvieron que salir a aclarar sus dichos frente a la polémica que se generó.

Sus aseveraciones consistían en la indefinición respecto a si Celestino Córdova, condenado por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, reunía o no las características de ser un preso político. Esto a propósito de los beneficios carcelarios que se le están otorgando.

En este caso, la indefinición dice mucho, pues ya hay una sentencia por parte de los tribunales de justicia en la que se le atribuyen los hechos y la autoría a Córdova. Por tanto, que la ministra de Justicia plantee esa duda pone un manto de cuestionamiento a la institucionalidad, porque abre la posibilidad de que a Córdova se le haya juzgado por su pensamiento o por razones políticas y no por los hechos que cometió.

Lo anterior, obligaría a la ministra a pronunciarse sobre varias consecuencias que se siguen de sus declaraciones. Por ejemplo, ¿qué tribunales ponen a personas en la cárcel por razones políticas? ¿Desde cuándo se producen estos hechos en Chile? ¿En qué casos y por qué hechos se ha decidido apresar personas por sus ideas?

Probablemente la ministra y el gobierno no puedan dar respuestas a esas preguntas, por eso inmediatamente tuvo que recular. Sin embargo, ese paso en falso no es inocuo dentro de la coalición de gobierno, porque, por una parte, el Ejecutivo aclara estos dichos y busca bajarles el perfil, pero por otro, existen hechos públicos y notorios que llevan a la opinión pública a pensar que nos encontramos, nuevamente, frente a un cambio de posición en la izquierda.

Un ejemplo de esto es la primera actuación de la Convención Constitucional, en donde pidieron libertad a los presos políticos, que serían aquellos detenidos por los hechos post 18 de octubre, y también los detenidos por los hechos de la Araucanía. Esa declaración fue apoyada por la coalición de gobierno.

Por tanto, la pregunta siguiente que surge es ¿a quién le creemos? ¿Al cambio de posición del gobierno de los últimos días, o a lo que han venido declarando sus partidarios desde hace mucho tiempo? Finalmente, ahí está la verdadera encrucijada. El gobierno está preso por sus declaraciones pasadas cuando fueron oposición. Muchas de ellas fueron destempladas e ideológicas y ahora deben hacerse cargo de ellas.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el miércoles 11 de mayo de 2022.