Lo menos que puede decirse luego de la última elección, es que a Chile le esperan tiempos muy complejos y en buena medida imprevisibles, dado el notable desequilibrio de fuerzas que existe actualmente a nivel político, tomando en cuenta tanto a los poderes del Estado como a la Convención Constitucional. De este modo, la tentación de querer partir de cero y refundar el país se hace más peligrosa que nunca.

Sin embargo –y es un elemento que añade más pimienta al asunto–, al mismo tiempo las expectativas de esa mayoría que ha vencido en esta segunda vuelta son tremendamente altas, al estar esperando que a través de diversas acciones del Estado y una nueva Carta Fundamental, sus problemas se solucionen casi como por arte de magia. De hecho, muchos ya dan por descontado que les espera un período mejor, ahora sí bueno de verdad, e incluso largamente merecido. Y por lo mismo, ya están haciendo cuentas alegres por lo que está por venir, colocando la vara bastante alta.

Por tanto tenemos una mezcla sumamente explosiva: por un lado, unos afanes refundacionales y –hay que decirlo– revanchistas en muchos aspectos del nuevo gobierno y de la Convención; y por otro, una buena parte de la población que lo sepa o no, espera mucho más de lo que cualquier gobierno, por muy eficiente que sea puede dar.

Sin embargo, lo que parece que nunca se entiende, es que para lograr cumplir las promesas electorales, sea desde el Poder Ejecutivo, sea desde la Convención Constitucional, hay que tener los recursos necesarios para ello. Y es aquí donde existe tal vez el mayor problema: porque dado el pensamiento ideológico y las políticas anunciadas por estos organismos, es evidente que una de las más perjudicadas –de hecho, ya lo está siendo– será precisamente esa actividad económica que tanto se odia, pero de la cual al mismo tiempo tanto se depende para cumplir las promesas anunciadas. Incluso da la impresión que para muchos el actual nivel económico fuera algo evidente, el “piso” indiscutido e inmodificable que no se puede perder jamás, y a partir del cual hay que construir un nuevo futuro. Sin embargo, un poco de sentido común indica claramente que esto no es así.

De nada sirve proclamar o incluso exigir estas aspiraciones acudiendo a los “derechos humanos” (sea lo que fuere que se entienda por ellos al día de hoy), pues la realidad es la realidad, y por mucho que se establezcan derechos en el papel o en los programas, son sólo aspiraciones, ideales, un deber ser.

Es más: al intentar legitimar estas aspiraciones con el auténtico “mantra” de los derechos humanos, lo único que se hace es echarle más leña al fuego, pues los interesados no sólo sentirán que sus aspiraciones son más legítimas, sino y por lo mismo, que no conseguirlas se estimará una situación grave e intolerable en sentido máximo. Por tanto, es como la ley de acción y reacción: que mientras más fuerza tenga esta aspiración en su inicio, mayor será la consecuencia adversa en caso de que se vean truncadas esas promesas antes proclamadas con tanto ahínco.

En suma, se vienen tiempos muy difíciles e inciertos para nuestra convivencia. Esperemos tener la suficiente cordura e iluminación para sortear este crucial momento de la mejor manera posible.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.