Luego de que el Gobierno terminara de rodillas ante el reo Celestino Córdova, condenado por el crimen del matrimonio de adultos mayores que, mediante una controversial huelga de hambre, logró ser enviado a un recinto penitenciario en un campo de mil hectáreas con casi nulas medidas de seguridad, ya nada sorprende con las autoridades ni con la Justicia en este caso que no permite que la familia de las víctimas tenga paz ni menos hacer el respectivo duelo.
Cada cierto tiempo alguno de los condenados vuelve a la carga, con un desparpajo agobiante, y así las heridas vuelven a abrirse, una y otra vez, casi siempre además con el apoyo público de políticos de extrema izquierda y de organismos de Derechos Humanos. Ahora resulta que otro de los partícipes del homicidio, el comunero mapuche Luis Tralcal Quidel, ha sido beneficiado por la Corte de Apelaciones de Temuco con una salida trimestral desde el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria.
Coincidentemente, tanto este último peligroso individuo como el conflictivo Celestino Córdova cumplen sentencia en recintos penitenciarios semiabiertos y no en una cárcel. Tal cual: un espantoso asesinato como aquel en que ambos participaron, y que ameritaría estar en una prisión, los mantiene, gentileza de personas sin pantalones, otros sin criterio y otros aparentemente simpatizantes de causas indígenas, en lugares que para otro cualquier recluso en Chile serían un privilegio.
Este polémico beneficio a Tralcal Quidel, otorgado pese a que Gendarmería manifestó su negativa argumentando que el reo no tiene conciencia del delito cometido, se suma al abono de días que le permitió rebajar ostensiblemente su condena, a pesar de que estuvo prófugo y recién comenzó a cumplir sentencia en marzo del 2019 (el fallo, que estableció 18 años de presidio, fue dictado en octubre del 2018).
Aquí cabe preguntarse: ¿cómo es posible que sujetos que han manifestado nulo arrepentimiento por el grave delito cometido no estén cumpliendo condena en una cárcel? ¿Por qué reciben beneficios o se les permite presionar con huelgas de hambre para conseguir sus exigencias? ¿Por qué se trata con especial delicadeza a dos reclusos que estuvieron involucrados en uno de los crímenes más horrorosos que se recuerde, no sólo en La Araucanía, sino en Chile en los últimos 10 años?
Piense usted que a un ser querido suyo lo matan quemándolo vivo. Piense usted que los asesinos están continuamente exigiendo privilegios, llamando la atención o intentando salir libres, incluso con el respaldo de políticos y organismos de DDHH. Piense usted que ya habiendo transcurrido poco más de 8 años del asesinato, los condenados ni siquiera están tras las rejas en una prisión, sino en un recinto semiabierto. Piense que en este tiempo, estos reos no le permiten cerrar este doloroso capítulo porque están siempre haciendo noticia (por nada positivo, por cierto). ¿Lo encontraría justo? ¿No sentiría rabia e impotencia? ¿No consideraría que estos individuos lo hacen vivir en permanente tortura, un martirio constante? ¿No cree que esto raya en lo demencial y, eventualmente, en lo sádico? ¿Le parece que verdaderamente se está haciendo justicia con las víctimas, y que los culpables, Córdova y Tralcal, están en realidad cumpliendo una merecida condena? ¿No cree que esto es una burla?
Todo tiene un límite y estos dos individuos ya los han traspasado todos. Ambos saben lo fácil que es conseguir lo que quieren, por más injustas o absurdas que sean sus exigencias. Ambos tienen claro la debilidad de las autoridades cuando se trata de comuneros radicalizados. Si ambos lo saben, es porque ninguna autoridad, ni judicial ni gubernamental, ha tenido la valentía de rayarles la cancha y recordarles lo que son: delincuentes, reos condenados por un asesinato terrible, un homicidio por el cual nunca han tenido ningún gesto de remordimiento ni menos han colaborado para saber quiénes más participaron en el crimen. Nada, absolutamente nada. Y es precisamente el por qué este caso, que parece interminable, se ha transformado en un calvario en vez de un acto de auténtica justicia.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el miércoles 8 de septiembre de 2021.