Ha durado demasiado tiempo el equívoco respecto de lo que representan los grupos político/delictivos que actúan en La Araucanía. Constituyen una minoría dentro de la población indígena en esa región, pero se arrogan la representación de todo el pueblo mapuche. Según el censo de 2017, pertenecen a esa etnia 1.745.000 personas, de las cuales 614 mil viven en la Región Metropolitana, mientras que en La Araucanía viven 314 mil. Vale decir, el 35% de la población mapuche del país vive en la RM, en tanto que en La Araucanía vive solo el 18%. Pues bien, la abrumadora mayoría de las personas que se reconocen como mapuches viven y trabajan en paz en varias regiones, y no se sienten representadas por quienes cometen toda clase de tropelías en el sur. En el caso de La Araucanía, los grupos violentos tratan de someter por el terror incluso a sus congéneres, como lo prueban las numerosas agresiones sufridas por comuneros mapuches que se oponen a la violencia.
El discurso de la recuperación de las tierras ancestrales ha servido para quemar casas, escuelas, iglesias, maquinaria agrícola, camiones y hasta centros de salud. El reclamo de autonomía territorial ha servido para robar madera y cosechas, y para atacar a cualquiera que sea considerado un enemigo, por ejemplo, los fiscales de la zona, los funcionarios policiales, los trabajadores forestales, etc. La bandera mapuche ha sido usada para cubrir el fuego.
Salta a la vista que quienes efectúan los ataques están dedicados completamente a tal faena. Podría decirse que se profesionalizaron. Se trata de jóvenes a los que convencieron que pueden vivir de eso. Sobran los indicios de que los negocios sucios como el narcotráfico han prosperado en medio de las proclamas revolucionarias. Es el modelo de las FARC colombianas. La ostentación de las armas de guerra que poseen revela que recursos no les faltan. En resumen, ya importa poco la causa que dicen defender, puesto que se han convertido en una amenaza directa para nuestra convivencia en libertad.
Los partidos opositores han mantenido una actitud timorata hacia la violencia en La Araucanía. Por cálculo, pero también por miedo, sus parlamentarios esquivan la condena de los actos de barbarie y recurren a la coartada ideológica: “dado que los mapuches son víctimas absolutas de la historia, se entiende que actúen así”. O sea, paternalismo, cobardía y deslealtad con la democracia.
Podemos hacernos una idea de cómo actuarían los grupos terroristas si llegaran a controlar La Araucanía, “desmilitarizada”, como pide el senador Alfonso de Urresti, del PS. La democracia tiene derecho a defenderse, y eso implica desarticular a dichos grupos. Es la tarea que tienen que llevar a cabo las fuerzas policiales, pero si fuera necesario, el deber que no podrían dejar de cumplir las fuerzas militares. El Estado no puede retroceder.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, el miércoles 14 de julio del 2021.