En el largo periodo de crisis que ha vivido el país desde octubre de 2019, la narcodelincuencia parece haber sido la principal ganadora. Se decidió a salir de sus habituales escondrijos para enseñorearse ya no de barrios, sino derechamente del centro de las ciudades y sus calles. Mostró su poderío e influjo en la oleada de violencia destructiva que se apoderó del territorio por meses. Mientras es secreto a voces que despliega, también, una versión narcoterrorista en La Araucanía. De paso, se ha ido haciendo paisaje cotidiano el siniestro ajuste de cuentas entre bandas rivales, los inocentes muertos a causa de “balas locas”, la existencia de sectores urbanos ampliamente dominados por las mafias del narcotráfico, donde los ciudadanos deben vivir encerrados (literalmente enrejados) para cuidar la integridad física o moral y proteger a sus hijos de la arbitrariedad criminal y del flagelo de la droga. Incluso las plazas de juego infantil resultan ser coto de traficantes y consumidores que impiden el imprescindible recreo de los niños. Ha llegado a ser lugar común hablar de zonas donde los carabineros no “se atreven a entrar” porque se encuentran bajo el control de los narcos.
Por desgracia, ha habido asimismo noticia de policías, políticos y jueces “influidos” por presiones o dádivas provenientes de los mismos. Todo lo anterior, sin reparar en ese daño primero y profundo que constituye la adicción a estupefacientes de un grupo cada vez más numeroso de personas, especialmente jóvenes, que suele concluir con vidas -y familias- destruidas. En fin, Chile enfrenta a clanes de narcotraficantes crecientemente organizados, poderosos (fuertemente armados) e influyentes. Las pirotecnias que anuncian el arribo de la mercancía y los festivos funerales (cuidados por policías), no son más que la punta del iceberg de un mal que se ha entronizado en la sociedad nacional, acaudillado tanto por “capos” criollos como foráneos.
Es ahora, ¡ya!, momento de enfrentar esta lacra que ha ido desarrollándose durante décadas a vista y paciencia de todos y, lamentablemente, ante parte sustantiva de la dirigencia política que no ha logrado articular una estrategia efectiva para combatirla eficazmente. Desde luego, se podrá argüir que la lucha contra el tráfico y el consumo de drogas -y el hampa conexa- es tarea compleja, que se inserta en una red internacional, que se liga a un conjunto de carencias sociales y más. Es cierto. Pero, lo primero es tener la claridad para apreciar la magnitud y gravedad del problema y, sobre todo, la voluntad para encararlo resueltamente. Este debiera ser un cometido prioritario para las autoridades pertinentes (los tres poderes del Estado y las policías, mínimamente) y, a no dudar, parte esencial de un buen programa de gobierno. De no actuar pronto y bien el país padecerá, más temprano que tarde, la corrupción general de su tramado socioinstitucional, al tiempo que terminará inevitablemente inclinándose ante los “señores de la droga”.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, el martes 05 de enero del 2021.