La excelente performance que tuvo Chile en los últimos 35 años provocó una ceguera que impedía ver lo que pasaba con los rezagados del sistema. La élite, de derecha e izquierda, que manda a sus hijos a colegios privados, se asegura en Isapres, se mueve en auto, que no tiene lagunas previsionales y que vive en el Santiago moderno, era incapaz de ver la otra cara de la moneda, porque no experimentaba la ineficiencia de Fonasa, no veía la delincuencia del Santiago invisible, ni sufría la experiencia diaria de perder 3 a 4 horas en el Transantiago. En esta columna no quiero volver a criticar esa ceguera, de la cual yo también fui víctima, sino alertar sobre una nueva ceguera que no nos permite ver la terrible amenaza que presenta el narcotráfico para el futuro chileno.

Partamos por clarificar que la ceguera no se da porque nadie hable del narcotráfico, sino porque la sociedad, especialmente la élite que vive en el Santiago moderno, no quiere relacionar el estallido de violencia del 2019 con el narcotráfico, algo que Iván Poduje describe con detalle en su reciente libro “Siete Kabezas”. En él puede leerse cómo entre 2016 y 2018 más de cincuenta turbazos (multitud organizada que entra de golpe y se lleva lo que pilla en pocos minutos) azotaron Santiago, Valparaíso y La Serena. San Ramón, una de las comunas afectadas, en la cual además un reportaje televisivo mostraba la vinculación de su alcalde con bandas de narcotraficantes de la población La Bandera, fue el escenario de masivos desmanes y saqueos cercanos a la Línea 4 del Metro. La Línea 5, que conecta las comunas de Lo Prado y Maipú, áreas con problemas de narcotráfico, bandas de narcos atacan en forma recurrente los puestos policiales. En lo que él llama el Santiago invisible, para diferenciarlo del Santiago moderno compuesto por los barrios altos, barrios enteros son dominados por narcos, obligando a los residentes a elevar los muros y enrejar sus viviendas. La población Santa Inés de Conchalí, ubicada a dos kilómetros de la nueva estación de Metro Cardenal Caro, de la Línea 3 del metro, se hizo conocida en 2018 por el video que mostraba una caravana de autos disparando sus armas, a plena luz del día, a modo de cortejo fúnebre. Las autoridades y los medios lo saben, pero guardan silencio. Y la opinión pública tiene poca capacidad de asombro, especialmente la que vive en los barrios altos donde ese flagelo no se ve.

La Araucanía es otro lugar donde las bandas narcos están copando la agenda. En su reciente entrevista en El Mercurio, Juan Sutil, Presidente de la CPC, menciona precisamente la relación entre violencia y bandas narcos. Incluso menciona en dicha entrevista que un ciudadano colombiano relacionado con el narcotráfico, apodado “el paisa”, pretende el control territorial de la Araucanía, hecho del cual informó al Presidente de la Nación y a los Presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados. El Senador Felipe Kast también mencionó en varias oportunidades la relación entre narcotráfico y la violencia en la Araucanía.

El tema es de extrema gravedad, porque si seguimos así, terminaremos como Colombia y México. Aquellos que están preocupados por el proceso constituyente, debieran estar mucho más preocupados por el avance del narcotráfico en las esferas de poder, algo muy bien desarrollado por Tomás Mosciatti en un reciente video. Lamentablemente nadie quiere tomar el toro por las astas. Y esto por diversos motivos.

En primer lugar, la droga y el narcotráfico se valen de la pobreza para hacer su negocio. Y lo manejan muy bien. Tal como describe Poduje, los robos de televisores y electrodomésticos en los diversos supermercados durante el estallido social fueron repartidos entre la población a la manera como Pablo Escobar ganaba el apoyo de la población chorreando dinero a troche y moche. Sea por miedo o por dinero, las bandas narcos terminan teniendo el apoyo de la población. Como dice la frase, “plata o plomo”.

En segundo lugar, la izquierda dura controla la mayoría en el Congreso, la prensa, los organismos de derechos humanos y el Poder Judicial. Y, para esa izquierda, la solución no pasa por la represión, sino por eliminar la pobreza, argumento ingenuo porque incluso en países desarrollados como Suiza existe la demanda, y por ende siempre existirá la oferta. Digo ingenuidad siendo bien pensado, y probablemente pecando de ingenuidad, porque también podría argumentarse la conveniencia que surge de un río revuelto que aumenta la ganancia de los pescadores. Fácil pensar entonces los resultados de una redada masiva, en una población, con fuerzas especiales. El Instituto de Derechos Humanos, el PC y muchos del FA se irían encima del gobierno, pidiendo la cabeza del General de Carabineros y del Ministro del Interior. Altamente probable que Matamala y sus adláteres terminen escribiendo columnas criticando de fascismo al Gobierno, argumentando que la culpa la tienen los ricos por consumir droga y sugiriendo que antes de reprimir hay que resolver la pobreza y falta de educación. Obviamente no concuerdan con la política de tolerancia cero aplicada por Giuliani en New York.

Dado lo anterior, es comprensible que el gobierno prefiera esconder la cabeza como el avestruz, y mirar para otro lado, porque esto es puro costo y cero beneficio… para el gobierno de turno. Sin embargo, hay una manera más política de encarar el desafío, que pasa precisamente por detectar y condenar el lavado de activos. Basta con recorrer los barrios pobres para identificar autos de alta gama difícilmente justificables. Como se dice en inglés, “just follow the money”, y con ello se puede controlar el narcotráfico y el terrorismo. Al fin y al cabo, a Al Capone no le dieron 120 años de cárcel por matar gente, ni por cohecho, sino por haber evadido impuestos. No hace falta reinventar la rueda.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el jueves 17 de diciembre de 2020.