Al comienzo era un temor. A continuación, fue una posibilidad. Después, una amenaza y luego una sospecha. Pero ahora ya es un hecho indiscutible: el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha sido una decepción.
La frustración de quienes lo elegimos está asociada a muchas evidencias. Su gobierno nunca fue capaz de cumplir las expectativas que generó. Ni siquiera en los primeros meses. Tampoco logró revitalizar la economía en los términos en que se había comprometido. Llevaba el presidente muy pocas semanas en La Moneda cuando advirtió que, en contra de lo que había prometido en su campaña, no iba a ser posible durante su administración bajar impuestos.
Otra fuente de decepción fue la ausencia de coraje político de las autoridades. Piñera es un hombre obsesionado con las encuestas y es de los políticos que está dispuesto a llegar mucho más allá de sus principios, de sus convicciones y de los intereses del bien común por un par de puntos adicionales de aprobación en los sondeos de popularidad. Esta adicción a la estadística ha sido letal tanto para él como para toda la centroderecha y es el forado a través del cual el gobierno se llenó de claudicaciones.
Todo esto, sin embargo, podría ser anecdótico o secundario en relación al peor error que cometió el presidente Piñera y que concierne a la lectura que le dio al reventón sedicioso ocurrido el 18 de octubre del año pasado, cuando en una operación perfectamente concertada decenas de estaciones de la red de trenes subterráneos de Santiago fueron atacadas, incendiadas y destruidas de manera simultánea. Los desórdenes continuaron en los días siguientes y se tradujeron en saqueos e incendios de supermercados, en barricadas en las calles, en operativos generalizados de destrucción de propiedad pública, en asalto a farmacias y en masivas jornadas de protesta, al término de las cuales siempre se montaron operativos concertados de vandalismo y violencia.
El gran error del presidente fue interpretar como un estallido social, como una legítima protesta ciudadana o como expresión de un profundo malestar social, lo que en estricto rigor fue un levantamiento sedicioso que buscó, por medios violentos, desestabilizar su gobierno, interrumpir la secuencialidad democrática y precipitar su caída. La historia de este período es todavía muy conjetural, pero está claro que el objetivo del extremismo FSP era derribar al gobierno.
Piñera no tuvo el coraje de identificar con claridad a los gestores de esta revuelta, en la que participaron cuadros militantes del PC y del Frente Amplio, bandas asociadas al narcotráfico en las poblaciones de todas las ciudades de Chile, además de grupos provenientes del lumpen y de las barras bravas de clubes de fútbol de mayor arrastre popular.
No obstante que el presidente tuvo al alcance de su mano una serie de instrumentos para reestablecer el orden y penalizar las conductas delictivas de que el país fue testigo, Piñera prefirió hacer la vista gorda de lo ocurrido y, luego de varias declaraciones contradictorias, que solo dieron cuenta de lo extraviado que andaba su gobierno, se doblegó con obsecuencia a las protestas, haciendo suya una larga agenda social que consultó rebajas en las tarifas del Transantiago, congelamiento de las cuentas de servicios públicos, subsidios a los sectores vulnerables y a la clase media y otras medidas de esta misma naturaleza. Está bien: ninguna de estas medidas es condenable de por sí. El problema es que no apuntaban al reto esencial del momento.
Lo que no hizo el presidente -y debió haber hecho- es decretar los estados de emergencia o de excepción que correspondían, aplicar la ley antiterrorista en contra de los sediciosos y restablecer con prontitud el orden público en las ciudades. ¿Por qué no lo hizo? Sencillamente porque lo paralizó el miedo. Y tan evidente fue esto que la ciudadanía se dio cuenta de inmediato que Piñera no estuvo a la altura de las circunstancias. No deja de ser revelador que los niveles de aprobación de Piñera antes de la emblemática fecha “Revolución de Octubre”, que eran del orden 35-40%, hayan caído en las semanas siguientes a rangos menor de 10%. Aumentó exponencialmente el nivel de las personas que reprobaban su gestión. Y disminuyeron sus niveles de apoyo incluso entre quienes se identifican políticamente con la derecha, porque se sintieron traicionados por el mandatario. Con el paso de los meses, sobre todo porque su gestión de la pandemia ha sido razonablemente buena, Piñera ha recuperado en parte su capital político, pero todavía sigue siendo baja e inferior a lo que tradicionalmente en Chile ha representado la derecha.
Cuando solo tres días antes de morir, en una columna publicada el 30 de agosto del 2011 bajo el título de “Soy un indignado”, Felipe Cubillos escribió que era un convencido de “que la derrota de la libertad no se debe a la fuerza de sus enemigos, sino que a la debilidad de sus defensores”, no solo estaba diciendo una gran verdad. También estaba anticipando, sin saberlo, por supuesto, pero en términos muy visionarios, lo que iba a ser el segundo gobierno del presidente Piñera (y de la ex Pdta. Bachelet).
Porque el presidente, aparte de hacer suya una agenda política que no era la que ofreció al país en campaña y tampoco la del sector político que lo eligió, se allanó a conseguir un acuerdo con las fuerzas de la oposición que se tradujo, el día 15 de noviembre del año pasado, cuando aún no se cumplía ni siquiera un mes del levantamiento, en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Este acuerdo no trajo la paz, puesto que los disturbios continuaron en las semanas siguientes y se prolongaron durante todo el verano, y consultó la celebración de un plebiscito que inicialmente iba a tener lugar el pasado mes de abril. La consulta no pudo realizarse por la emergencia sanitaria y fue postergada para el domingo 25 de octubre. ¿Qué significó esto? Que para salir de la crisis el presidente prefirió entregar la Constitución que había jurado respetar antes que utilizar los recursos legales que esa propia Constitución contemplaba para restablecer el orden y sancionar a los extremistas. Sí, el presidente salió del paso y mal que mal remontó sus días más críticos. Pero lo hizo poniendo en jaque todo lo que Chile ha construido en las últimas décadas. ¡Insólito!
El problema, como lo dijo muy gráficamente en algún momento Felipe Lamarca, es que “las prisas pasan, las cagadas quedan”. El gobierno no solo defraudó al 56% que votó por él en la segunda vuelta, sino también a la gran familia militar y a la mayoría democrática del país. No dio el ancho. No estuvo a la altura del momento histórico que le tocó vivir. Perdió la oportunidad única de asestar un golpe definitivo y concluyente a una revuelta que tenía claramente inspiración marxista y gramsciana. Tenía toda la legitimidad política e institucional para haberlo hecho. Era el gran momento para haber fijado los límites de nuestra convivencia y la vigencia plena del sistema democrático. Pero no se atrevió. Prefirió irse por las medias tintas, con malos resultados. Piñera actualmente es un hombre odiado visceralmente por la izquierda y muy poco respetado por la derecha. Favor leer https://www.analitica.com/opinion/una-excelente-oportunidad-de-enmendar-por-el-bien-de-chile/
Por culpa en gran parte de la falta de atrevimiento político del presidente (por respeto, no digo falta de pantalones), el actual escenario político es extremadamente complejo. El país se encuentra muy polarizado. La sociedad civil se está ideologizando con enorme rapidez y ya hay un amplio sector de la ciudadanía dispuesto a saltarse toda la institucionalidad normativa, e incluso la moral, para alcanzar el éxito en sus propuestas públicas que -más allá de si son legítimas o no- pierden toda justificación política y ética si quienes las sustentan quieren imponerlas por la fuerza y al margen de los mecanismos institucionales de la democracia. Se han deteriorado delibera y gravemente los indicadores de gobernabilidad esenciales de la democracia: Estado de Derecho y Estabilidad Política. ¡Responsabilidad de la clase política y del gobierno actual!
Indigna lo que ha ocurrido en Chile, el gran modelo que existía en la región de un país que fue capaz de progresar en democracia gracias al modelo económico ESM heredado del Gobierno Militar y de expandir los alcances del bienestar por vía del crecimiento económico, reconocido por el insigne intelectual y político Don Edgardo Boeninger en su póstumo libro “Chile, rumbo al futuro”, y sus sensatas propuestas deliberadamente ignoradas por la DC y la clase política en general. Este era un momento en que el presidente estaba llamado a ejecutar su programa de gobierno y a defender los principios del orden social libre y democrático. Era el gran momento para reencontrarnos con nuestras tradiciones, para instalar de una vez por todas que de los derechos de los ciudadanos van a la par con sus deberes, para haber exaltado la ética de la responsabilidad en el trabajo junto con el respeto a la familia, a la autoridad, a la policía, al saber y a las personas con experiencia.
Habría sido especialmente honroso que el presidente, en esta segunda administración suya, hubiera entregado también un testimonio poderoso de ética pública. En Chile es enorme la cantidad de recursos que se derrochan Son muchas las reparticiones públicas que reprueban elementales test de transparencia. Son muchos los programas sociales que no califican en términos de eficiencia y que siguen vigente solo para satisfacer apetitos políticos. Son muchas las ONG que reciben recursos públicos sin un destino claro y sin cumplir contraprestaciones de auténtica utilidad social.
Ese testimonio era fundamental para haber reacreditado la legitimidad moral del sistema de economía social de mercado. El modelo ha sido objeto durante las dos últimas décadas de arteras campañas de desprestigio por parte de la izquierda más radicalizada. Estas campañas parten en las escuelas, siguen en las poblaciones y tienen tanta resonancia en los medios de comunicación como en las iglesias populares. A este propósito desde luego también ha contribuido una fracción de malos empresarios que en distintos momentos se han coludido tanto entre sí como con el mundo de la política para obtener dividendos impresentables en una economía libre y competitiva. La defensa corporativa de los abusos en muchos casos ha minado la confianza en las empresas y en las instituciones. Urge restablecer la confianza en el mercado, pero para eso es fundamental la señal que entregue el gobierno, el compromiso que transmitan las organizaciones empresariales y los testimonios que respalden las dirigencias políticas más responsables. Este aspecto es fundamental porque el país necesita con urgencia recuperar su capacidad de crecimiento. Luego de la desastrosa experiencia de gobierno de la ex Nueva Mayoría y de la presidente Bachelet, la economía chilena lleva ya cerca de diez años de empantanamiento. Los niveles de crecimiento potencial de la economía, que antaño superaban en el 5% anual, ya son inferiores al 2%. El país se ha dejado estar y todos los indicadores de bienestar, tras las revueltas de fines del año pasado y la pandemia, van a la baja. Panamá ya nos pasó como el país de mayor ingreso per cápita de la región.
Por desgracia ninguna recuperación de los niveles de actividad será perdurable si Chile, paralelamente, no emprende una modernización transversal del aparato público. La modernización del Estado es un tema que todos los últimos gobiernos del país han estado posponiendo. Se trata, desde luego, de un desafío delicado y en el cual están en juego muchos intereses creados por parte de los gremios, los partidos y las burocracias históricas. Pero también de un reto que es urgente porque existe probada evidencia de que el gasto social no es todo lo eficiente que debiera ser y que son muchas las reparticiones públicas que, lejos de remar para el desarrollo y el perfeccionamiento de nuestra democracia, solo responden a inercias burocráticas o a redes de operadores políticos.
Está claro que el país requiere renovar su actual clase política y sus cuadros dirigentes. Los últimos años han sido lamentables como expresión de la parálisis del sistema político. Nuestro sistema institucional no funciona bien cuando hay un ejecutivo de un signo político y un legislativo dominado por fuerzas de otro signo. Lo lógico, lo natural y lo esperable en contextos así es que las fuerzas políticas se sientan presionadas para lograr acuerdos. El problema es que aquí eso no ha ocurrido. Amplios sectores de la oposición, incluso, satanizan los acuerdos. Y cada vez que, a pesar de eso, la oposición ha llegado a acuerdos con el gobierno ha sido para desconocer al día siguiente los compromisos contraídos y seguir ganando terreno en su agenda populista y desestabilizadora. Así ocurrió con el Acuerdo para la Paz y la Nueva Constitución, que no logró contener la violencia. Y así volvió a ocurrir con el Acuerdo para Enfrentar la Pandemia y la Reactivación, que suscrito en junio pasado contempló un gasto extraordinario de 12 mil millones de dólares, el cual fue desconocido por la oposición al llevar a cabo una reforma constitucional distorsionada e improcedente, que permitió a los imponentes retirar el 10% de sus fondos de pensiones. Esta medida tendrá con el tiempo un impacto de 6 mil millones de dólares sobre las arcas fiscales.
Vienen momentos cruciales para Chile. El futuro gobierno tendrá que tener claro que si no sabe hablar con la verdad es preferible que dimita. Llegó la hora en que las cosas sean llamadas por su nombre. Pasó la hora de la cobardía política y las medias tintas. No podemos seguir prestándole ropa a conductas que son terroristas y sediciosas. Los periodistas no pueden seguir hablando de barricadas “pacíficas” o de manifestaciones tranquilas, ciudadanas y “familiares” cuando un tercio o más de sus concurrentes va encapuchado y lleva piedras en sus mochilas. Los empresarios no pueden tratar de convencernos de que son legítimos acuerdos corporativos que contrarían las bases de una economía libre. La recuperación del lenguaje -pensaba Vaclav Havel, el insigne estadista checo- es básica para recuperar la conciencia de la nación.
El dilema que tiene por delante el país es muy arduo y decisivo. En el futuro inmediato, tenemos dos opciones. La del Apruebo, que consiste en aprobar la redacción de una nueva Carta Fundamental, que es el acuerdo que la oposición le sacó por la fuerza al gobierno, prácticamente con un puñal en el cuello, para instalar una suerte de asamblea constituyente que partirá trabajando sobre una hoja en blanco. O la del Rechazo, que refuta de raíz esa posibilidad, dando un testimonio contundente de repudio a la violencia. El Apruebo abre la puerta a un período de incertidumbres que, bajo el influjo de fórmulas chavistas y kirschneristas, podría terminar tirando por la borda las tres mejores décadas de la historia política y económica chilena. El Rechazo, por su parte, es la expresión soberana de una ciudadanía que quiere persistir en el camino de progreso por el cual Chile optó desde los inicios de la transición política.
Cuando los países se enfrentan a disyuntivas así de decisivas es cuando se vuelve más pertinente que nunca la pregunta de por qué algunas sociedades prosperan y otras entran en decadencia. Esta incógnita a estas alturas no tiene nada de misteriosa. Los países no necesitan inventar la rueda, no necesitan explorar supuesto modelos alternativos que, una y otra vez, han terminado en ruina y en caos, como volvió a probarlo en años recientes Venezuela. Las sociedades que prosperan son las que, reconociendo la libertad y los derechos del individuo para emprender, trabajar, expresarse y vivir según sus propios valores, son al mismo tiempo capaces de crear un medioambiente receptivo al orden público, al estado de derecho, al progreso y a la innovación. Las sociedades que fracasan son, por el contrario, aquellas capturadas por un puñado de iluminados que dice interpretar los intereses del pueblo imponiéndole a la gente, desde el poder central, una ideología excluyente y diversas servidumbres que amputan la dignidad y creatividad de las personas.
En el próximo plebiscito, no tenemos ningún derecho a aprobar el desorden la violencia y el caos. Ahora es la gran oportunidad de rechazar todo eso y de comprometernos con un Chile próspero, libre y grande. Por lo mismo, yo no apruebo. Yo rechazo.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Reportecatolicolaico, el sábado 10 de octubre del 2020.