El día 28 de octubre de 2019 (en plena insurrección) una alumna de Ciencias Biológicas de la PUC, consejera territorial, puso un pañuelo morado cubriendo el rostro de la imagen de la Virgen del patio de Casa Central, y a sus pies, pegó el cartel «A María la violaron«. Un valeroso grupo de jóvenes –sí, los valientes de siempre, los que han hecho vigilia en las Iglesias cuando estaban en riesgo de ser quemadas- presentó una denuncia en contra de la alumna; lo mismo hizo el profesor de la Facultad de Derecho, Álvaro Ferrer.
Ahora, a fines de abril, se ha dado a conocer el resultado del sumario: la alumna fue sancionada con una medida reparatoria -32 horas de labores al servicio de la comunidad- y con inhabilidad permanente para realizar intercambios patrocinados por la Universidad y para ocupar cargos de representación en la Universidad.
Como la alumna sancionada tenía un cargo de representación, comunicó a la FEUC su abandono de la universidad, en gran parte por lo duro que fue darse cuenta -afirma- que esta comunidad antes de ser universidad, es una iglesia; agrega que no puede sino expresar su decepción frente a las autoridades de esta comunidad, que de comunidad no tiene nada, y reitera que se ha violado a muchas y “muches”, entre ellas a María, a la propia alumna sancionada, a demasiadas personas.
La reacción de la Secretaría de Género y Sexualidades de la FEUC no se hizo esperar, apoyando a la alumna -correctamente sancionada- porque, a juicio de esa Secretaría, estos casos sacan a la luz que la Universidad, lejos de ser un espacio que fomente la pluralidad, es un lugar cuyos dogmas predominan por sobre cualquier acto que sea crítico o disidente, cortándolos de raíz a través de prácticas de total intolerancia. Afirma también la Secretaría que una institución que se defiende inflexiblemente, justificando su operar en la costumbre y que, además, es impermeable a cualquier crítica que la misma comunidad pueda movilizar, es un lugar de imposición y puede caer en graves vicios. Sigue la declaración sosteniendo que este no es un caso aislado de persecución política en la Universidad Católica, ya que ella existe y ha apuntado sistemáticamente a las feministas. Por eso, concluye la declaración, se debe postular el derecho de que no exista un monopolio ideológico que coaccione arbitrariamente a lxs miembrxs de la comunidad, ya que sin la apertura a la diversidad, y a las diferentes opiniones y creencias, no se estaría hablando propiamente de una institución que merezca el nombre de Universidad.
Por supuesto la declaración alude también a la supuesta asimetría de poder que existiría entre el denunciante, un profesor, y la denunciada, una alumna.
Cinco interesantes conclusiones se desprenden de este nuevo caso en la PUC, todas ellas en perfecta coherencia con lo que viene sucediendo en esa universidad desde que el rector Sánchez entrara en diálogo con la toma feminista, hace ya casi dos años.
Primero, que hay alumnos que no trepidan en agredir los más sensibles bienes morales y religiosos de la Universidad.
Segundo, que han olvidado su compromiso de respeto a la Declaración de Principios de la Universidad y, además, manifiestan su abierta intención de cambiarla por completo.
Tercero, que confunden intencionadamente sanción a una falta con persecución política.
Cuarto, que no trepidan en victimizarse, acudiendo a la falacia de la asimetría. Por cierto, ese fue el mismo argumento que me dio el rector Sánchez cuando le hice ver, en septiembre de 2018, que la denuncia de la FEUC Frenteamplista en mi contra, por supuesto abuso de poder, se refería a mi gestión previa ante el Ombuds por una agresión de un alumno en mi contra. “Quizás hubo asimetría entre usted y el alumno”, me dijo Sánchez. “Elimine entonces el Ombuds”, fue mi respuesta.
Y quinto, que aún quedan recursos para hacer valer ante las autoridades la dignidad de los grandes bienes. Este es el camino que deberá intentarse una y otra vez, por incómodo que pueda resultar para la Dirección Superior de la PUC.