Decir que nos encontramos como país en un momento constitucional ya parece un lugar común. La verdad es que, a pesar de las circunstancias, estamos en plena campaña para el plebiscito de entrada, donde decidiremos si entramos o no en un proceso constituyente que nos tendrá unos dos años deliberando una nueva Constitución Política. 

Pensaba escribir sobre algunas razones, doctrinarias, históricas, estratégicas y pragmáticas para votar rechazo, pero una columna de José Agustín Muñiz, me hizo cambiar de idea. A pesar de que no estoy de acuerdo en que rechazar un proceso constituyente de resultado incierto sea un suicidio, sino que una alternativa razonable y conveniente para el país, es necesario tomar en consideración su crítica: La campaña del Rechazo –con todos sus grupos y variantes– ha centrado su discurso en razones pragmáticas o circunstanciales, y no de principios para no votar apruebo. El mal diseño del proceso constitucional, la situación de violencia, la presunta intervención extranjera, etc., han sido los argumentos para decidirse por el rechazo y de promover reformas profundas (un buen resumen al respecto son las últimas columnas de Patricio Navia). Pero no se ha elaborado un relato adecuado y de consenso sobre el pasado reciente que invite a votar rechazo en defensa de la Constitución y del “modelo” -por lo valiosos que son-, sino sólo porque “más vale diablo conocido que bueno por conocer”.

Porque creo que una campaña del rechazo debe ser propositiva, asumiendo como punto de partida una defensa de lo que hemos construido como nación –particularmente durante los últimos 30 años–, en esta columna me contentaré con recordar unas pinceladas sobre la actual crisis social y nuestra historia reciente, y esbozar tres ejes discursivos para la campaña del Rechazo.

La crisis social de nuestro país ha puesto a prueba nuestro modelo económico, político y social, y debemos comenzar por referirnos a ella. Algo hemos explicado con mayor profundidad aquí y  aquí, pero básicamente debemos reconocer que existía mucho pasto seco que prender, y que la izquierda logró inflamar con acelerantes. La violencia organizada con móviles políticos no ha podido ser controlada por el Gobierno y muchas personas han perdido sus fuentes de trabajo, su seguridad y libertades básicas como la de movilización. Además, la gente ha salido a las calles en masa exigiendo mejores oportunidades sociales y económicas, ante lo cual el Gobierno ha respondido con una ambiciosa agenda social. Luego de un acuerdo político, se propuso el proceso constituyente que ha empezado con la campaña para el plebiscito. Vamos a ver en qué queda todo esto luego de la pandemia que estamos viviendo por el coronavirus. Sin embargo, esta crisis no sólo tuvo consecuencias económicas, políticas y de seguridad pública sino que, pienso, ha terminado por descascarar un tejido social endeble, lo que requerirá una reconstrucción espiritual de la Patria. 

Chile ha tenido momentos “exitosos” en materia política entre 1833-1891, 1932-1964 y 1980-2013, con base en tres Constituciones Políticas: las de 1833, 1925 y 1980. Dos de aquellos períodos (1833 y 1980) alcanzaron progreso económico y social, especialmente el último. Es probable que los últimos 30 años sean los con mayor paz social en nuestro país, favorecidos por la seriedad institucional y jurídica derivada de la Constitución de 1980: sus contenidos incluyen un Estado subsidiario, al servicio de la persona y orientado al bien común; la promoción de la libre iniciativa en campos económicos y sociales; un régimen republicano presidencial; y la protección de derechos civiles, políticos y sociales; entre otros elementos. 

Por eso, en rechazo a una nueva Constitución que quiere partir de una hoja en blanco y tirando por la borda todo lo construido, nuestro mensaje debería enfatizar que el ciclo político comenzado en 1980 alcanzó estabilidad política, progreso económico y paz social como ningún otro en nuestra historia.

Como bien explica Sebastián Soto, el debate constitucional es en realidad una discusión sobre el “modelo”. Por eso, debemos emprender una defensa del modelo económico y social chileno, porque no sólo ha sido eficiente en materia de creación de riqueza, superación casi completa de la extrema pobreza y disminución de la desigualdad de ingresos, sino que ha favorecido un funcionamiento más justo y orgánico de la sociedad. El “modelo” –al menos como yo lo entiendo– se ha sostenido en torno a tres pilares: un Estado subsidiario, la libre iniciativa en el campo económico y la focalización del gasto social. Estos tres pilares han orientado la aparición de variadas organizaciones (económicas y sociales en sentido amplio) –y de instituciones públicas en subsidio de éstas– que han dado forma práctica al “modelo” y permitieron su éxito. Además, estos tres pilares han logrado encarnar en la vida social de Chile los principios de dignidad humana, bien común y subsidiariedad. 

Sin embargo, hay un principio que echamos de menos: la solidaridad, que es necesario integrar estructuralmente al sistema, sobre todo dentro de las mismas lógicas económicas (cfr., Benedicto XVI, Caritas in Veritate). 

Para eso no es necesario eliminar la Constitución actual y reemplazarla por una de dudoso contenido. Por lo tanto, y para terminar, creo que la campaña del Rechazo debería basarse en tres ejes discursivos.

1) La crisis social que vive nuestro país requiere de un esfuerzo de todos para reencontrarnos como sociedad. El proceso constituyente polarizará innecesariamente a la población, alejándonos de ese objetivo. Al mismo tiempo, nos estancará económicamente y pone en riesgo todos los avances de estas décadas.

2) La discusión constitucional es un debate sobre el “modelo” (principios y pilares), por lo que no resolverá los problemas sociales; estos deben ser resueltos con políticas públicas y sociales que mejoren la vida de las personas. Por eso, es necesario reenfocar la discusión política hacia reformas sociales y no a la Constitución.

3) El modelo chileno se sustenta en la convicción de que las personas, las familias y las organizaciones son constructoras de su propio destino, por su empuje e iniciativa. El Estado debe estimular y facilitar el despliegue de la sociedad civil y no suplantarla. Eso es un Estado subsidiario, uno que ampara los cuerpos intermedios que dan vida a la sociedad.

En síntesis, proponemos pasar de un rechazo pragmático y circunstancial a uno propositivo, en defensa del “modelo” y la Constitución vigentes. Es un primer paso para salir de campañas sustentadas en el miedo –“Chilezuela”– o en críticas al mal diseño del proceso constitucional y la vorágine de violencia que lo facilitó. Perdamos el miedo y pasemos a una campaña sustentada en la historia de Chile y en principios permanentes y trascedentes, que invite a rechazar propositivamente el proceso que comienza, en defensa de lo que hemos construido como nación.