Lo que ocurre en Chile, y que ha conmovido a buena parte de este continente, tiene un desarrollo de difícil pronóstico. Súbitamente, cuando nadie lo esperaba, se desató un estallido “social”, sin una dirección ni orientación definida. Por lo mismo, deberíamos comenzar por conocer quién o quiénes dirigen esta trama que ha demostrado ser obra de una organización altamente competente muy poco habitual en nuestro medio. Mientras ello no ocurra avanzaremos a tientas porque desconocemos motivaciones, estrategias, contenidos ideológicos y niveles de adhesión a las diversas proposiciones que circulan.
Una prueba de lo que digo lo revela la proposición de una nueva Constitución (cuyo contenido no se precisa), salvo en lo relativo a la necesidad de eliminar toda referencia a los constituyentes de 1980.
Es necesario señalar que una Carta Fundamental, la ley de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico —que determina la validez de las normas inferiores—, se sustenta, esencialmente, en la adhesión a ciertos valores que expresan el sentir íntimo de la ciudadanía. Si bien es cierto que, además, se regula en ella la estructura orgánica y el funcionamiento de los poderes del Estado (cuestión más técnica que discursiva), lo que interesa conquistar es la realización de los fines superiores de la comunidad (como la paz, el orden, la seguridad, la dignidad, la familia, la libertad, la propiedad, etcétera).
Sobre esta materia es conveniente aclarar que la “democracia” es un sistema de gobierno, un medio para lograr aquellos valores superiores, y no un fin en sí misma. De manera que subordinar la función del Estado a la subsistencia o perfeccionamiento de un determinado instrumento político, constituye un error, cualquiera que sea la importancia que le asignemos en el momento en que vivimos.
Conforme lo señalado, para que una nueva Constitución arraigue en la conciencia política de la ciudadanía, debemos explorar cuáles son los valores que con ella se procuran alcanzar. Es, por lo mismo, un yerro profundo, impulsar la aprobación de una nueva Constitución para resolver un conflicto cuyos contornos ideológicos, intereses, dirigentes y conductores se desconocen porque permanecen en un estratégico anonimato. Promover una nueva Carta Fundamental para apagar un “incendio político y social” —necesariamente circunstancial— es, por lo menos, un extravío que incrementará la cuantía de los daños ya producidos. Me temo, por otra parte, que una nueva Constitución cause una decepción que aumente la insatisfacción reinante, porque los problemas, desgraciadamente, no se solucionan con solo legislar sobre ellos, por elevado que sea el rango de la potestad que se ejerce.
La determinación de la autoridad ha sido extrema. Se ha dicho que ha cambiado el país, el gobierno y el manejo de la fuerza por parte de los organismos encargados del orden público. El Presidente de la República, enfrentado a su deber constitucional de proteger a la ciudadanía, ha declarado que existen dos opciones para encarar esta situación: el ejercicio legítimo de la “fuerza”, ciñéndose estrictamente a la legislación vigente, y el “diálogo y acuerdo” (este último acompañado de una serie de generosas prestaciones que alivien el descontento). Se ha escogido la segunda alternativa atribuyéndolo a la vocación democrática de la autoridad. Si el resultado de esta estrategia satisface las expectativas, solo cabe celebrarlo y cooperar con el país en la solución de los altos costos irrogados a nuestra economía. Pero si, desgraciadamente, no tiene el resultado proyectado y querido, se nos abre un túnel que hará imposible anticipar lo que puede ocurrir y sus dañinas derivaciones en todo orden de cosas. Como puede observarse no hay una solución integral, pero los costos serán muy diferentes en uno y otro caso.
Es curioso observar cómo puede incubarse una alteración de esta magnitud, sin advertencias ni síntomas que lo delaten. Chile, como se sostiene por politólogos y estudiosos de estos fenómenos, no es el mismo. Muy probablemente la ausencia de sensibilidad social tiene un precio que a largo plazo sobrepasa todo otro beneficio. Si al menos hemos aprendido esta lección, saldremos, aun cuando sea más adelante, fortalecidos de este amargo atolladero.
No hay duda sobre que los beneficios acordados para frenar esta manifestación subversiva golpearán fuertemente el erario nacional y el bolsillo de los más necesitados, que deberán sufrir privaciones y altos niveles de cesantía. ¿Estamos preparados para estos nuevos trastornos? No se avecinan días fáciles, la crisis social y política puede desencadenar una crisis económica, la cual profundizará el descontento y la sensación de inseguridad.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago, el jueves 12 de diciembre de 2019.