Sebastián Piñera es un hombre de paz. Lo hemos visto en su disposición a pactar con la oposición en unos diálogos donde ha entregado todo lo que se podía dar e incluso mucho más, según dicen sus críticos. Puso en puestos claves de su gabinete actual a figuras particularmente dialogantes. Sin embargo, todo ese esfuerzo no ha traído la paz.
Existe un grupo de chilenos que están embriagados por la violencia y cada día se radicalizan más. Para ellos, cualquier concesión es señal de debilidad. Ven muy cerca la posibilidad de conseguir por la fuerza lo que nunca obtendrían por vías democráticas. Ellos no creen, nunca han creído y cabe pensar que jamás creerán en la democracia. No sólo no van a calmarse, no quieren hacerlo. Cada día se volverán más audaces, más agresivos, más prepotentes. Si alguien no los detiene, ellos jamás se detendrán.
La violación de derechos humanos por parte de estos fanáticos de la violencia es masiva, sistemática y organizada. Basta una somera lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para darse cuenta de que no existe el derecho a la seguridad personal (art. 3). Muchos chilenos han sido sometidos a tratos degradantes (art. 5; “el que baila, pasa” y cosas por el estilo, incluidas agresiones físicas). Tampoco existe en la práctica para la persona corriente el “derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley” (art. 8). La inmunidad respecto a “injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, o su domicilio” se ve gravemente afectada, (art. 12), lo mismo que el “derecho a circular libremente” (art. 13); ni hablar del derecho de propiedad, del cual nadie podrá ser “privado arbitrariamente” (art. 17). La libertad religiosa misma resulta amenazada cuando se queman templos evangélicos o iglesias católicas (art. 18). El derecho al trabajo (art. 23) resulta lesionado cuando a uno le impiden trabajar o le destruyen el lugar donde ejerce su actividad laboral y lo mismo vale para el derecho a la educación (art. 26) de los estudiantes que son víctimas de los paros. Alguien tiene que defendernos.
La oposición no ayuda. Unos quieren mantener viva la movilización y la violencia, porque así tendrán el clima necesario para obtener una constitución a su medida. Ya lo han conseguido en otros países. Otros quieren que sólo el Gobierno pague los costos de una represión del delito. Porque, aunque sea legítima e incluso obligatoria, ella traerá inevitablemente consecuencias no deseadas muy dolorosas.
Esta actitud de la izquierda democrática la ha puesto en semanas al borde de la complicidad con la radical. Le pide al Presidente poner orden, pero le niega los medios para hacerlo y está esperando gritarle al día siguiente que su proceder fue excesivo. Hoy está en juego la mantención de nuestra vida republicana y el país les demandará a su hora las debidas responsabilidades si no actúan con el necesario patriotismo. Tienen que apoyarlo en serio, para que tenga el respaldo político suficiente para actuar. Afortunadamente, hay voces que permiten abrigar esperanzas, como las declaraciones del Presidente del Senado, Jaime Quintana, que ha planteado la posibilidad de que exista respaldo en la oposición para que se declare un estado de excepción, atendida la gravedad de los últimos acontecimientos.
Sea o no como dice Quintana, el Presidente Piñera está enfrentado a unas decisiones tan ingratas como importantes. Entre otras cosas, le exigirán cambios importantes en su estilo de gobierno: hoy no sirven las bilaterales perfeccionistas ni lo que caracterizó a su gobierno en tiempos normales. En este momento, nadie le pide que haga todo ni esté encima de todo.
El estilo de Sebastián Piñera que conocemos desde hace tantos años no es el adecuado para estas circunstancias. Debe cambiar, porque hoy necesitamos otro Presidente. Ojalá también cambiara la oposición, pero él debe cambiar y si la oposición no alcanza el mínimo patriótico deberá actuar solo, porque no dispone de mucho tiempo. Me corrijo: queda muy poco tiempo.
Quizá deba hacer algunos ajustes en su gabinete, pero lo más relevante es que, aunque en definitiva la oposición no le preste el apoyo exigido por la situación, debe poner en primer lugar sus deberes para con todos los chilenos. Debe evitar la catástrofe, donde unos civiles terminen enfrentados con otros civiles mientras nadie hace nada, los carabineros están desbordados y el caos se transforma en la regla.
Lamentablemente, en nuestro empeño por huir de una “democracia protegida” hemos terminado en una democracia desarmada. El peso de nuestra historia nos tiene paralizados, mientras los chilenos viven aterrados por lo que puedan hacer con ellos unos compatriotas que parecen enloquecidos.
Y si, por cumplir con la legalidad, Sebastián Piñera deberá sufrir el repudio de los amantes de la violencia; y si algún día, también por cumplir con la legalidad, llega a verse en la ingrata situación de defenderse ante algún tribunal que ni siquiera dé todas las garantías de imparcialidad, nada de eso puede constituir una razón para no hacer cumplir la ley. Nosotros lo elegimos para eso. Y él, cuando se le preguntó “¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación, y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes?”, respondió el 11 de marzo de 2018, con voz decidida: “Sí, juro”.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el miércoles 27 de noviembre de 2019.