A propósito del proyecto para acortar la jornada a 41 horas con que el gobierno salió a enfrentar la iniciativa comunista de 40 horas, el presidente de los empresarios, Alfonso Swett, se mostró preocupado que al país “lo empiezan a manejar 10 mil tuiteros o mil personas detrás de una encuesta”. Aludía así a la muestra de Cadem, donde la respuesta a una pregunta obvia fue que a la gran mayoría le gustaría trabajar menos, y al efecto que tiene en las decisiones de las autoridades (y los periodistas) las opiniones que circulan en twitter. Como si eso fuera la realidad del país y los tuiteros representaran a todos los chilenos.
Eso está más que lejos de la realidad y tuvimos una evidencia contundente la semana pasada. La AFP Habitat levantó una encuesta por 16 días en la web a sus afiliados acerca de si les gustaría poder elegir a esa AFP para que administre el 4% de ahorro previsional adicional considerado en la reforma del Ejecutivo y, dos, si ese 4% debiera administrarlo la AFP sin costo alguno para ellos, o un ente público que licitará la gestión de los fondos a entidades distintas a las AFP y por un importe adicional. Bueno, la respuesta del 75%, de las 95 mil personas que respondieron el sondeo, fue que elegirían esa AFP para administrar su 4% y no a un ente público, e igual porcentaje respondió que prefería no pagar un costo adicional. En el mismo período que estuvo la consulta arriba, hubo 5 mil tuits sobre Habitat, de los cuales 75% eran en contra de la entidad, 23% neutros y sólo un 3% positivos. Uno podrá considerar que las preguntas de la encuesta eran inducidas o lo que quiera usted. Pero las personas podían responder que no y así lo hicieron más de 25 mil que dijeron que no querían que Habitat les administrara el 4% adicional y que preferían que lo hiciera un ente público, aunque eso tuviera un costo adicional. El resultado es que, en dos semanas, sobre 71 mil personas se inclinaron porque sea la AFP la que administre el 4%, lo cual supone que ese 75% tiene un juicio positivo de la administradora. Y durante ese mismo período, el 74% de los tuits eran contrarios a ella y apenas un 3% positivo.
Personeros opositores se lanzaron con brío sobre la encuesta que fue fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones, al igual que la consulta anterior que hizo Habitat en el período de Rodrigo Valdés como ministro de Hacienda, donde contestaron 65 mil personas y arrojó que también la inmensa mayoría se oponía al ente que entonces denominaban CAC. Un diputado PS argumentó que el nuevo sondeo “es un resultado que está en el margen de error de las encuestas”, porque sólo el 4,9 de los afiliados de esa administradora había respondido. Un ex ministro añadió algo parecido, ninguneando la representación de la muestra, pero la verdad que los cien mil que sí participaron suman mucho más que los militantes de la DC y el PPD unidos. Otras opiniones de políticos y periodistas reiteraron que las AFP quieren seguir con el negocio y por eso pelean el 4%, ignorando la evidencia: que ellas cobran una comisión por el sueldo imponible y les es indiferente cuál es el porcentaje de la cotización. Si éste sube del 10 a 14 por ciento, les da lo mismo. Pero administrar esos recursos adicionales sí tiene costos para ellas: las obliga a aumentar el encaje, que son los recursos propios que deben invertir del mismo modo que el de los afiliados, equivalentes al 1% del fondo.
Estamos mal cuando importan más las opiniones disparatadas de un político o tuitero que lo que responde la sociedad civil en una encuesta seria, donde participan voluntariamente y con sus rut. Estamos mal cuando creemos que en las redes sociales está la representación de esa sociedad. Las administradoras contrataron un estudio años atrás que concluyó que quienes emitían opiniones contrarias a ellas eran 18 IP, es decir, un puñado de emisores organizados como personas diferentes, muchas veces falsas o anónimas que se orquestan para procurar influir en los periodistas y la opinión pública.
Hemos oído personeros DC haciendo alarde de su influencia que, a cambio de que se aprobara la idea de legislar la reforma previsional, exigieron la creación de un ente público que se haga cargo de la cotización adicional. La Moneda ha explicado que se tuvo que tragar la píldora de “no más plata para las AFP” que impuso la ex Nueva Mayoría porque no había otra forma de hacer viable el proyecto que es indispensable para hacer ajustes paramétricos que permitan subir las pensiones. Pero es difícil creer que a punta de eslóganes se ignora el país real, ese que quiere que las AFP se hagan cargo de la mayor cotización. O que al menos, espera poder elegir, porque algunos preferirían que se haga cargo el Estado.
La solución del ente significa cobrar una comisión que hará difícilmente rentable la inversión de esos fondos en tiempos de bajos retornos. Como ejemplo, basta mirar lo que ha pasado con el Ahorro Previsional Voluntario (APV), instrumento que se abrió más allá de las administradoras previsionales, a bancos, compañías de seguro, corredores de bolsa, etc. Bueno, la comisión por ese ahorro voluntario que cobra la AFP más cara es 20 veces menor que la que carga uno de los mayores bancos de Chile. Para precisar, la comisión que cobraban a julio todos los fondos mutuos-APV, emitidos por diferentes entidades, era tres veces el cobro de las AFP por administrar los APV: el 1,48% del monto ahorrado versus el 0,42%. El ciudadano Boris Sepúlveda contó su testimonio en redes sociales días atrás, que había tomado un APV con una compañía que menciona y después de 7 años descubrió que su saldo era de $1.400.000, cuando había depositado $3.700.000.
¿Acaso el gobierno y los brillantes legisladores no saben lo que está ocurriendo con los ahorros previsionales depositados fuera de las AFP que probablemente van para atrás en vez de ser rentables para poder mejorar las pensiones? Y si no lo saben, que se enteren antes de legislar. No puede ser que por un slogan (“ni un peso más para las AFP”) estén arriesgando que la cotización adicional termine siendo una pérdida patrimonial para los cotizantes. No es sólo el tema de obligarlos a pagar una segunda comisión, sino que ésta sea tres veces la que cobran las vapuladas administradoras.
Cuánto esto reviente, ¿quiénes de los autores estarán para poner la cara cuando las pensiones empeoren? Seguramente sólo las AFP, que volverán a ser el pato de la boda. Tal vez por eso están preocupadas e iniciarán una campaña para no ser excluidas del 4%.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el lunes 2 de septiembre de 2019.