Luego del plebiscito de 1988, aires de democracia soplaban en todo Chile. El Gobierno Militar acataba los plazos establecidos y, según se concordó en la nueva institucionalidad conformada, daba pie a los procesos eleccionarios, abriendo el telón para nuestra historia reciente. En ese contexto, el Frente Manuel Rodríguez (FPMR), grupo extremista contrario al régimen y creado con la intención de derrocarlo, ya no encontraba cabida en las nuevas reglas del juego.
En un desesperado acto de subsistencia, sin el apoyo del Partido Comunista que los había creado en primera instancia, planificaron una campaña de terror creando una lista de personas que serían asesinadas con la excusa de una democracia espuria, y que la nueva institucionalidad no era legítima. Bautizaron a este asesinato en serie como campaña «No a la impunidad», y el grupo de criminales inició su brega ante la agonía.
El último nombre de la lista en ser asesinado fue el senador Jaime Guzmán, el 1 de abril de 1991. Al día de hoy, los nombres, chapas y ubicación de la mayoría de los involucrados en este magnicidio son de público conocimiento. A 28 años de este crimen que conmocionó al país, aún hay terroristas que no han pagado su condena.
Estos últimos meses han sido ajetreados para quienes seguimos el Caso Guzmán de cerca: dos de los involucrados ―uno de ellos autor material de la mortal emboscada al líder gremial y fugado de la Cárcel de Alta Seguridad― fueron refugiados en países europeos; otros dos frentistas fueron condenados en otras naciones americanas por crímenes cometidos en esos lugares; otro extremista se encuentra apelando hasta las últimas instancias judiciales para no regresar a Chile, y todo esto ocurre tan solo este último año.
Varios frentistas mantuvieron su vida criminal luego de huir de nuestro país. Siguieron robando, siguieron matando y secuestrando, pero claro, abogan que la justicia chilena no es apta para juzgarlos. Estas acciones han debilitado nuestro actuar ante el mundo, creándose una imagen de un Chile antidemocrático, ensañado con ellos por su posición política y que no reconoce su lucha ficticia. Lo anterior a través de personas con cargos de poder, gente con influencia política y redes económicas.
Mientras estos delincuentes hacían de las suyas bajo el nombre de su «Justicia», nosotros, herederos del pensamiento de Jaime Guzmán, hemos esperado que las instituciones hagan su trabajo, y es así como Mauricio Hernández retorna a pagar por los crímenes cometidos.
Lo peor de todo es que, en aquellos casos en que fueron organismos extranjeros los que denegaron la acción de la justicia chilena, consiguieron los beneficios con el lobby de personeros que trabajaron sosteniendo la misma tesis de antaño blandida por los terroristas, gritándole a todo el globo que en Chile no hay Estado de Derecho, y que las instituciones nacionales no harán su trabajo.
En el marco de su plan «No a la impunidad» asesinaron a Guzmán. Hoy, bajo ese mismo lema, buscaremos traer de regreso, por los medios institucionales, a cada uno de los prófugos para que rindan cuentas ante la ley chilena. Esa es la forma de hacer las cosas.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero en https://ellibero.cl/opinion/benjamin-cofre-no-a-la-impunidad/, el jueves 22 de agosto de 2019.