El martes 13 de agosto de 2019 ha sido un día triste para la verdad y la justicia en la P. Universidad Católica de Chile. Hagamos un breve recuento de los hechos.
1. El 17 de julio pasado el Rector, Ignacio Sánchez, y la Secretaria General, Marisol Peña, sancionaron a una alumna que fue ayudante mía, por haber colocado en agosto de 2018, sin autorización para esa oportunidad, el letrero “Los niños tienen derecho a un papá, xy, y a una mamá, xx”. La resolución condenatoria le fue notificada, y la alumna fue citada para recibir su amonestación la tarde del viernes 2 de agosto.
2. La mañana de ese mismo día la citación le fue cancelada.
3. El lunes 5 de agosto, la resolución que sancionaba a la alumna fue dejada sin efecto, su proceso se retrotrajo al momento del cierre de la investigación y se le acumularon otros dos procesos en marcha, uno contra la FEUC y otro contra el Centro de Alumnos de Derecho. Como lo sabe cualquier alumno de segundo año de Derecho, eso es completamente inaceptable: ya se había producido el desasimiento del Tribunal por haber dictado una sentencia ejecutoriada y que había sido notificada.
4. Pero, además, los dos procesos que ese 5 de agosto se acumularon al que ya había concluido contra mi ayudante, eran totalmente independientes del que se había seguido contra ella: los denunciantes eran otros y los hechos, muy distintos, habían sucedido con casi 9 meses de diferencia. No había razón procesal alguna para acumular.
5. El proceso contra la FEUC era por una charla sobre masturbación femenina, que concluyó con regalos para los asistentes, rifándose juguetes sexuales, vibradores y condones; y el proceso contra el Centro de Alumnos de Derecho era por un Drag que bailó en el patio de la Virgen, con un machete, gritando “machete al macho” y fingiendo que practicaba sexo oral con otro hombre. Esos procesos, como era obvio, tenían total independencia del injusto procedimiento contra mi ayudante y por eso no fueron acumulados inicialmente al de ella hasta que…
6. …hasta que este martes 13, todos los implicados en los procesos, es decir mi ayudante que ya había sido condenada y todos los miembros de la Directiva de la FEUC y de la Directiva del Centro de Alumnos de Derecho, fueron ¡sobreseídos definitivamente!
7. La razón para haber tomado esta inaudita resolución es obvia, aunque se enmascara en una argumentación que consta por escrito. Se podrá afirmar, como se ha hecho, que aplicar sanciones habría producido un daño mayor, que debe primar la justicia sustantiva por sobre la formal, en fin, que los hechos investigados tendrían la calidad de equivalentes entre sí.
8. Pero, a cualquier lector le resulta evidente lo que realmente sucedió:
a. Mi ayudante fue sancionada injustamente.
b. Los hechos no guardan ninguna equivalencia antropológica o moral.
c. La voluntad de sobreseer a la FEUC y al Centro de Alumnos de Derecho iba a resultar grotesca al contrastarla con la sanción a mi ayudante.
d. Entonces, se decidió anular la sanción contra ella de modo completamente antijurídico y se usó su proceso para enmarcar ahí el sobreseimiento de quienes sí han ofendido gravemente la dignidad humana con los actos descritos.
9. La conclusión es clarísima: se ha elaborado una sofisticada pero falsa argumentación para dejar en la impunidad a quienes, teniendo poder, agreden gravemente la dignidad universitaria. Simplemente no hay voluntad de proteger a la Universidad de estas ofensas. La señal es clara para los agresores, como lo fue su impunidad en la toma de mayo de 2018.