En enfrentamiento con la guerrilla indigenista, Carabineros se ve implicado en la muerte de un comunero de la etnia mapuche y el posterior borrado de evidencia. En tanto, casos de tráfico de armas y de malversación de caudales públicos afectan al Ejército. Hechos que han causado el descrédito de estas instituciones, lo que pone en riesgo la estabilidad del país.
Sobre el episodio Catrillanca, el Gobierno fue enérgico en condenarlo, mas no en respaldar de forma efectiva a un cuerpo de seguridad cuyo descrédito lo inhibe en su acción, tanto más necesaria habida cuenta de la magnitud de la respuesta violentista al incidente. De declarar estado de emergencia en la zona, ni hablar.
Respecto al Ejército, este debe relacionarse con un Gobierno que trata de tomar la iniciativa en áreas en que exista “piso político” para avanzar o, lo que es lo mismo, que la oposición se allane. Una de ellas es la transparencia de los gastos de las Fuerzas Armadas. Si bien es obvio que dichos estamentos deben observar los principios constitucionales de probidad y transparencia, el énfasis del Ejecutivo en esta materia hace pensar que trata de ir más allá, aplicando estándares que podrían ser refractarios con la necesaria autonomía y reserva con que deben obrar esos órganos.
El cuadro se agrava con los cotidianos procesos de militares y carabineros en retiro por jueces que dictan sentencia desconociendo instituciones jurídicas fundamentales como la amnistía, la prescripción y la irretroactividad de la ley en materia penal. Y se completa con las dudas que ensombrecen a la actual formación militar, sobre todo en su dimensión ética.
Un país en que por tradición las instituciones armadas han sido las más valoradas por la ciudadanía, hoy vive la situación inversa. El desprestigio de Carabineros y el Ejército -y en menor medida de las demás ramas- amenaza la estabilidad de la República, pues las Fuerzas Armadas y de Orden han sido su pilar.
Los estamentos armados han sido garantes de la institucionalidad desde el origen de la República. Frente a la anarquía de 1823-30, las revoluciones liberales, la agresión peruano-boliviana, el acoso argentino en la frontera y la violencia subversiva de la izquierda, las Fuerzas Armadas y de Orden han mantenido el orden público, la seguridad y la integridad territorial del país. También han liderado la reconstrucción nacional tras todo tipo de desastres naturales, y acometido tareas como la conectividad de las regiones extremas. Aún más: las etapas de mayor progreso institucional, económico y social fueron aquellas en que las Fuerzas Armadas fueron factor de gobierno. El sexenio del Libertador O’Higgins; la República Autoritaria Conservadora de los generales Prieto y Bulnes; el primer período del general Ibáñez, y el Gobierno Cívico Militar encabezado por el Presidente Pinochet: en ellos recayó casi íntegra la organización política y administrativa del país y sentaron las bases de los mayores auges económicos de nuestra historia.
Es deber del poder político respaldar a las Fuerzas Armadas y de Orden en su misión, fiscalizarlas respetando su ámbito propio y ayudar a restaurar su honor. No hacerlo es abandonar Chile a sus enemigos.