Finalmente y con gran alegría hemos recibido la noticia de que la Cámara de Diputados rectificó la deplorable decisión de la comisión de Familia. Los argumentos esgrimidos por dicha comisión dejaron una vez más de manifiesto la miope visión y la ignorancia doctoral de algunos honorables ante temas de tanta relevancia nacional. También quedó en evidencia cuáles son las prioridades que se privilegian ante cuestiones de tanta importancia y que afectan la marcha y desarrollo de un país.
Sus falaces argumentos -entre otros, que las instituciones privadas son corruptas debido a que lucran con el dinero que licitan y no respetan los «derechos de los niños«- dan a conocer fehacientemente la ausencia de fiscalización que los caracteriza desde hace ya algún tiempo.
La noble entidad parlamentaria, con este tipo de representantes, no tiene gran futuro; no está a la altura de las responsabilidades que el pueblo votante les encomienda. En casi 40 años de visita a jóvenes en privación de libertad, nunca los he visto en terreno. ¿Cómo pueden entonces hablar con propiedad? La liviandad de las explicaciones que vertieron deshonró a cientos de personas e instituciones nobles, generosas y sacrificadas que por decenios han sido educadores de niños vulnerados, maltratados, abusados e imputados por delitos.
La verdadera razón del no aumento de la subvención, y que no se atrevieron a decir, se arraiga más bien en ideologías políticas y partidistas que las han preferido en lugar de anteponer la justicia y los derechos que se les debe a ese segmento de niños y jóvenes oprimidos y excluidos. Silenciaron a la ciudadanía que los centros administrados por el Estado reciben casi cuatro veces más de presupuesto que las fundaciones privadas, siendo aquellos antesalas de la muerte. Crímenes alevosos, corrupción y vergüenza inaceptable. Así se potencia la delincuencia en Chile, ya que uno de cada dos delitos juveniles es realizado por niños que han pasado por el Sename.
Resulta cínico, desfachatado y descarado que la comisión de Familia de la Cámara de Diputados haya dicho que los privados «no respetan los derechos de los niños«.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio