Nuestro sistema escolar claramente tiene desafíos pendientes, como son, v. gr., la calidad de sus resultados, la dignificación de la labor docente de los profesores que trabajan para el Estado y, la cantidad de recursos destinados al mismo, entre otros. Sin embargo, al revisar las últimas reformas aprobadas, las que se discuten y las que se han anunciado, ninguna viene a salvar la situación descrita, es más, las empeoran.

Un ejemplo de lo contraproducente que pueden llegar a ser algunas reformas, lo es la reciente eliminación de la subvención  compartida o copago. Aquella medida no hace más que evitar que ingresen recursos al sistema escolar, además de incentivar que las familias se despreocupen de aquél, aparte de atentar contra los intereses de las mismas familias. El gasto privado en educación es muestra de que se reconoce el retorno de la inversión, es una valoración de la educación y, además permite liberar al Estado de cuantiosos recursos, los cuales pueden ser utilizados donde no hay inversión privada, focalizando y haciendo más eficiente el gasto. El año 2006, el “Estudio Nacional de Opinión Pública N° 52” realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) verificó la positiva disposición de las familias a invertir un monto extra de dinero en las escuelas de sus hijos a fin de obtener mayor calidad. El año 2009 similares resultados obtiene la encuesta “La Otra Aula” realizada por la Fundación Jaime Guzmán y la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Si consideramos que en los últimos años la matrícula en el sector municipal ha palidecido y la del sector particular subvencionado se ha visto favorecida por la elección de las familias, llegando en menos de 10 años a superarla, resulta ilógico pensar que la disposición de las familias a contribuir con el copago a la educación de sus hijos haya disminuido.

Alcanzar la calidad en los resultados de nuestro sistema educativos ha sido lo más esquivo del mismo. Si bien, en atención a los recientes resultados entregados del Tercer Estudio Comparativo y Explicativo (TERCE) realizado por la UNESCO el año 2013, nos encontramos liderando en la región, siendo además el país que mayores avances ha obtenido, este antecedente parece incomodar al gobierno. Más que resaltar el hecho, las autoridades han señalado con notoria propiedad que nuestro sistema educativo se encuentra caduco y que requiere cambios estructurales, proponiendo para aquello una serie de recetas que se encuentran rodeadas de una cuestionada efectividad y del desafecto de la opinión pública. Ante los antecedentes que entrega la UNESCO, correspondería profundizar los elementos que nos han permitido avanzar y deshacernos de los que han sido contraproducentes. Con las reformas en marchas, en vez de empezar a insertarnos entre los mejores sistemas educativos del planeta, lo más probable es que disminuyamos nuestra posición en la región.

Finalmente, respecto a la dignificación de la labor docente de quienes desempeñan funciones en el sector estatal, es aquí donde encontramos la mayor falencia del sistema escolar. En nuestro país existe un gran empleador que es el Estado, el cual, en atención a su poder, es capaz de colocar todas las condiciones de contratación a los profesores, imponiéndoles una serie de medidas, las cuales han sido catalogadas como agobio laboral, convirtiendo la función docente en un verdadero trabajo pesado, sin considerar sus implicancias.

Entre las últimas medidas que se les quiere imponer a los profesores, se encuentra una evaluación docente centralizada, un sistema de ascenso indigno y una escala de sueldos que no se condice con la formación universitaria de quienes ejercen la pedagogía. Imaginemos llevar ese modelo a otros ámbitos de trabajo como son la abogacía, la arquitectura o la antropología, por nombrar algunas. Claramente es algo que nadie se atrevería a plantear. Pero ¿por qué le ocurre aquello a los profesores? Les ocurre porque su empleador es el Estado, ese que hace que sus trabajadores se desempeñen en modalidad de contrata y honorarios, obviándoles todos sus derechos laborales. Y para peor, el gobierno pretende imponer a casi todos los profesores del país la misma legislación laboral, independiente de que trabajen o no para el Estado. Legislación que adolece de hilo conductor alguno, que impacta de manera negativa en los anhelos de los profesores, que los sigue postergando y, que siembra un manto de dudas y desconfianza.

En atención a lo anterior, eliminar la legislación laboral docente hecha a la medida del gobierno, para que los profesores que trabajan a cargo del Estado se rijan por  el Código del Trabajo, al igual que la mayoría de los chilenos y, al igual que como lo hacen sus pares que se desempeñan en el sector particular pagado, resulta de la mayor moralidad existente. Esto contribuiría, entre otros, a eliminar el agobio que actualmente sufren; se eliminaría las evaluaciones centralizadas a las cuales son sometidos, las que dejan de lado los resultados obtenidos en el aula; se lograría que los profesores hicieran valer sus derechos laborales y, se permitiría que negociasen en igual de condiciones sus sueldos y beneficios, contribuyendo positivamente a hacer una carrera profesional decente, tal cual como la hacen todos los profesionales del país.