El documento “Bases para una reforma del sistema nacional de educación superior”, elaborado por el Ministerio de Educación, establece como requisito para acceder a los fondos que se otorgarán para la gratuidad, que la institución cuente con órganos de “gobierno superior” en los que participen los académicos, estudiantes y “funcionarios/trabajadores” con derecho a voz y voto. Esta condición, que ha motivado la crítica de diversos rectores porque lesiona el principio de autonomía y entorpece la gestión universitaria, ha sido reiterada por la Presidenta Bachelet en su discurso de cierre del, así llamado, “cónclave” de la Nueva Mayoría.

Lamentablemente, se trata de una mala iniciativa, no solo por las razones esgrimidas por los rectores, sino por la idea radicalmente equivocada de universidad que la sustenta y que contribuye a perpetuar.

Nacida en 1918, en el fragor de la Reforma de Córdoba, la primera gran movilización estudiantil del siglo XX, el concepto de “universidad democrática” se ampara en la idea que Gabriel del Mazo, uno de los ideólogos de la Reforma, describe en la forma siguiente: “La universidad es una República de Estudiantes”. Es decir, una pequeña polis donde los miembros del demos (profesores, estudiantes y administrativos) comparten el mismo “derecho democrático” a participar en su gobierno. Sin duda, una visión plasmada por el modelo de universidad intelectualmente decadente, corrupta y en desorden que conoció Del Mazo y que abundaba en América Latina en los inicios del siglo XX. Por lo mismo, el movimiento reformista se extendió progresivamente por Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay, países donde formas de gobierno triestamental continúan vigentes por ley, a lo menos en las universidades del Estado.

Es un concepto de universidad totalmente anacrónico y contrario a lo que una institución universitaria es o debe ser. Al respecto, nadie discute que la finalidad primaria de una universidad es el cultivo y la transmisión del saber. Esa naturaleza educativa y la responsabilidad que conlleva establecen naturalmente entre sus académicos y estudiantes una relación de educadores con educandos; lo que, a su vez, implica una necesaria asimetría de deberes y derechos respecto de la conducción de los programas de estudios y, en general, de toda la institución. Por lo tanto, la función educativa universitaria no es un contrato social entre conciudadanos de una “pequeña república”, sino que el elemento constitutivo de una comunidad de maestros y estudiantes.

Toda subversión de ese orden condena a las instituciones a la medianía académica que abunda en las universidades públicas latinoamericanas, donde el sistema de cogobierno ha estado vigente por décadas. En este sentido, no es casualidad que las mejores universidades del mundo son marcadamente jerárquicas y meritocráticas, mientras que las contadas experiencias exitosas de gobierno triestamental constituyen las excepciones que confirman la regla.

Aparentemente, la iniciativa del Mineduc representa una concesión a los movimientos estudiantiles que han exigido el gobierno triestamental de las instituciones de educación superior para terminar con “el autoritarismo y mercantilismo” (sic) que impera en ellas. Sin embargo, sus consecuencias a mediano y largo plazo pueden ser nefastas para nuestro sistema universitario que -pese a sus muchos problemas y disparidades- es considerado el mejor de América Latina, según el ranking mundial de “Universitas 21”.

¿Por qué el actual gobierno promueve una idea tan añeja y perjudicial como el gobierno triestamental? ¿Son consideraciones políticas cortoplacistas o una convicción profunda? Es el momento que las autoridades respondan a estas inquietudes y que se abra un profundo debate sobre un tema trascendental para el futuro de las universidades chilenas.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.