La candidata a la Presidencia de la República por el Pacto Nueva Mayoría promete expresamente, en su programa, convertir el vigente delito penal del aborto en un derecho amparado por la ley. Esta sorprendente alquimia jurídica operaría en tres casos, cada uno  recubierto de un tranquilizador eufemismo: “terapéutico”, “eugenésico”, “ético”.

Si la gestante reporta peligro para su vida o  salud, la “terapia” consistirá en eliminar directamente la creatura causante de dicho peligro. Hipócrates palidece de vergüenza: alguien que juró en su nombre respetar la vida de sus dos pacientes, pone su arte curativa al servicio del exterminio del más débil e inocente.

Si el diagnóstico prenatal reporta defectos importantes o permite presumir escasa viabilidad del feto, se aplica la lógica de economía de mercado: el consumidor tiene derecho a devolver el producto que no responde a sus deseos o expectativas. Las vidas mínimas, precarias o defectuosas, las vidas “inútiles”, las vidas carentes de visibilidad social y de abogado defensor, las vidas que ni siquiera pueden resistir gimiendo y llorando, las vidas simplemente no deseadas no tienen derecho a ser acogidas, sanadas o siquiera cuidadas con amor: la ley autoriza su “devolución” a la nada. Hitler respira aliviado: ya no está solo.

Si la portadora de una vida humana reporta que ella ha sido fruto de una violación, la ley concederá que el derecho del feto a la vida y a la protección de su vida quede cancelado meramente en virtud de la forma en que ingresó a nuestro mundo. El “honor” de la madre, supuestamente manchado por el forzamiento de su integridad sexual, será mágicamente lavado mediante la eliminación de esa creatura que ninguna culpa tuvo en la violación de su madre. Así el violador no será condenado a muerte; la madre sufrirá doble victimización (es más fácil sacarse a un hijo del vientre que de la mente); y el fruto inocente de la violación pagará este doble crimen ajeno con su propia vida. Herodes descansa, finalmente comprendido: también hoy el poder sirve para matar inocentes.

La ejecución de su programa homicida pone a la candidata en necesidad absoluta de obtener el voto mayoritario de la ciudadanía. Si es elegida, y los electores le aseguran representación parlamentaria funcional a ese programa, ella actuará en virtud de un mandato. Sus votantes la habrán autorizado para asumir su representación y desempeñar el negocio específico que le encomendaron: convertir el delito en derecho.  Quien a sabiendas sufragó a favor de ese mandato se convierte a su vez en cómplice o autor intelectual de todos los crímenes contra la vida humana que se cometerán ahora bajo amparo de la ley. El mismo reproche ético grava a quienes, conociendo el alcance del sufragio y pudiendo sufragar en contra de tal mandato, se restan de hacerlo por voluntaria o displicente omisión.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Revista Humanitas, www.humanitas.cl.