En la vida hay amores que nunca deben olvidarse –solíamos cantar en tiempos más proclives a la fidelidad. En la vida hay valores que nunca deben negociarse –gritamos hoy, en un tiempo tan marcado por la incondicionalidad de los derechos humanos. Inherentes a la calidad de persona, esculpidos en su naturaleza y promulgados en toda recta conciencia humana, esos derechos son universales, irrenunciables, innegociables. Un proyecto que autorizare la tortura o la esclavitud, apelando a situaciones catastróficas de seguridad nacional o hambruna generalizada sería rechazado de plano y con indignación, porque los valores allí comprometidos no admiten renuncia ni negociación.

En la base de sustentación de esos derechos está el derecho a la vida. Sin vida no hay derechos. Según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, no puede autorizarse suspensión alguna del derecho a la vida, “ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la nación”. Nuestro Tribunal Constitucional sentenció hace 4 años que el embrión es persona desde que es concebido, por lo que todos los órganos del Estado le deben especialmente garantizar la protección de su vida y de su integridad física y síquica. Lo que esos órganos del Estado hacen, cada vez con mayor intensidad invasiva, para cautelar la salud amenazada por contaminación, tabaquismo, alcoholismo, hipertensión, obesidad, accidentes de tránsito, eso mismo están obligados a hacer, y con más potente razón, cuando saben, sospechan o temen que algún producto o procedimiento pondrá en peligro la vida en su estado primigenio. El Estado, junto con los padres de familia y los profesionales de la salud ocupa una posición de garante del derecho a la vida de quien, por su indefensión, depende absolutamente de los demás.

Vemos, hoy, a titulares de órganos del Estado y profesionales de la medicina discurriendo sofismas para autorizar legalmente la “solución final” de matar vidas inocentes, bajo la falacia de “sanar” (¿a quién, cómo? ¿matando?); de “hacer un favor” (a vidas mínimas, débiles, no ajustadas a sus arbitrarios padrones de “normalidad”, belleza o durabilidad); de “sanear” un shock traumático por brutal invasión de la intimidad sexual, eliminando con mayor brutalidad la vida inocente de toda culpa en ese trauma y originando un trauma mucho peor. Los escuchamos, enarbolando acrobacias semánticas, en un grotesco intento de justificar como sagrado derecho lo que no puede rotularse sino como abominable crimen; los soportamos arrogándose, con insuperable soberbia, un inexistente e inconstitucional poder de erigirse en señores absolutos de la vida y de la muerte de inocentes;  haciendo zalamerías al Estado democrático y Estado de derecho, mientras violan en su esencia el fundamento de la democracia y de todo derecho. Abrirse a negociar el derecho a la vida es, junto con malversación del tiempo y recursos de la Nación, una vergüenza nacional.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Revista Humanitas, www.humanitas.cl.