La resolución de las Naciones Unidas 51/210, de la Asamblea General de 17 de diciembre de 1996, en su párrafo 3, inciso f), dice: “la Asamblea exhortó a todos los Estados a que adoptaran medidas para prevenir y contrarrestar, mediante medidas internas apropiadas, la financiación de terroristas y de organizaciones terroristas, ya sea que se hiciera en forma directa o indirecta, por conducto de organizaciones que tuvieran además o que proclamaran tener objetivos caritativos, sociales o culturales, o que realizaran también actividades ilícitas, como el tráfico ilegal de armas, la venta de estupefacientes y las asociaciones ilícitas, incluida la explotación de personas a fin de financiar actividades terroristas, y en particular a que consideraran, en su caso, la adopción de medidas reguladoras para prevenir y contrarrestar los movimientos de fondos que se sospechara se hicieran con fines terroristas, sin impedir en modo alguno la libertad de los movimientos legítimos de capitales, y que intensificaran el intercambio de información acerca de los movimientos internacionales de ese tipo de fondos.”

Sin embargo, nos encontramos en una situación donde vemos que todos a nuestro alrededor fingen que lo anterior no existe: derecha e izquierda unidos por un solo ideal, el de financiar terroristas.

Esto a propósito de la presentación de la Comisión Valech II, o 2011, en la cual, de una manera insólita, se incorpora dentro de los nuevos listados de beneficiados al reconocido y confeso terrorista, fugado de la cárcel y prófugo de la justica Sergio Apablaza Guerra. Condenado por asociación ilícita, el homicidio del senador chileno Jaime Guzmán Errázuriz, ocurrido el 1 de abril de 1991, y vinculando al secuestro del empresario brasileño Washington Olivetto.

¿Estará bien que el Estado de Chile, con el dinero de todos los que pagamos impuestos, financie a éste terrorista que participó en el asesinato en democracia de un Senador de la República? Al parecer debe estar bien, ya que aparentemente se va a dejar sin objeción alguna por el sector que debería presentarlas. Nos referimos a la UDI, partido que debería estar más que preocupado, ya que fue su propio fundador quien fue asesinado por terroristas.

Hasta un ministro de la Corte Suprema reparó en este hecho.

¿Será que ya no queremos llevarle más problemas al presidente Piñera?, ¿podremos comprar la tan anhelada tranquilidad del gobierno a un precio tan alto?

Nota: Los autores de esta nota pertenecen a la Fundación Simón Yévenes.