Una manera políticamente inteligente de obtener privilegios consiste en convertir tales pretensiones en “derechos”; mejor aún resulta aludir a la “igualdad de derechos”. Este año algunos equipos electorales han recurrido a tales tácticas a la hora de abogar por la concesión de privilegios a determinados grupos mediante políticas de discriminación positiva o por alterar la definición de matrimonio con vistas a que incluya también las uniones homosexuales.
Igualdad de derechos no significa igualdad de resultados. Yo puedo disfrutar de toda la igualdad de trato del mundo en un campo de golf, pero de todas formas jamás llegaré a hacer sombra a Tiger Woods. Cuando los arbitrarios “objetivos” o “cupos” fijados en las políticas de discriminación positiva no se alcanzan o cubren, es el empleador de turno el que debe justificar que no está discriminando a las minorías objeto de protección –o a las mujeres–. A quien no se pide prueba alguna es a los defensores de los “objetivos” y los “cupos” de marras.
Son innumerables las pruebas, en todo tiempo y lugar, que muestran que la disparidad estadística es la norma, no la excepción; incluso en situaciones en que la discriminación es prácticamente imposible. Las pruebas nos hablan de grupos con rendimientos diferentes. En muchos países hay minorías que superan ampliamente al grupo predominante en terrenos como el educativo, el económico o el deportivo, incluso si no tienen manera alguna de discriminar a los integrantes de la mayoría.
Lo de pedir cuentas a todo el mundo salvo a uno mismo es una estratagema política de primera. Ya va siendo hora de que el votante reflexione sobre este tipo de cuestiones.
Y hablando de votar: este año el matrimonio homosexual ha vuelto a ser objeto de varias consultas populares.
El matrimonio es una institución centenaria, y hasta hace bien poco hacía referencia única y exclusivamente a la unión entre un hombre y una mujer. Durante todo este tiempo se han divulgado una serie de leyes relacionadas con las referidas uniones entre un hombre y una mujer.
El juez Oliver Wendell Holmes decía que la ley no se basa en la lógica, sino en la experiencia. Pues bien, aplicar una montaña de leyes basadas en esa unión entre personas de distinto sexo a una relación donde las partes son del mismo sexo es como aplicar al fútbol las reglas del baloncesto. El argumento de que las leyes conyugales “discriminan” a los homosexuales confunde la discriminación con la distinción entre comportamientos diferentes.
Las leyes hacen distinciones de comportamiento. ¿Qué otro propósito tienen, si no? Así como la gente puede ser tratada igual, no puede decirse lo mismo de las conductas. Las leyes que prohíben circular por las autopistas en bicicleta tienen, obviamente, un impacto diferente en los ciclistas y en los automovilistas. Pero eso no quiere decir que se esté discriminando a nadie. Si cambia el pedal por el volante, el ciclista tiene el mismo derecho a conducir por la autopista que el resto de los mortales. En el asunto que nos ocupa, lo que se dirime no es si los homosexuales pueden o no casarse. Muchos de ellos ya lo han hecho, con personas del sexo opuesto. Lo fundamental es si debe redefinirse el concepto de matrimonio; y si se redefine para dar cabida a las uniones homosexuales, ¿por qué no hacerlo para que comprenda también las polígamas y, por qué no, las pedófilas?
En California se desplegó recientemente una intensísima campaña a favor del matrimonio homosexual que incluía imágenes de individuos de raza negra siendo hostigados por perros policía durante las manifestaciones pro derechos civiles, imágenes que daban a entender que los homosexuales se enfrentan hoy a la misma discriminación que sufrían los negros ayer. La analogía es manifiestamente falaz. Los negros no podían hacer lo mismo que los blancos en las mismas condiciones; así, por ejemplo, si querían viajar en autobús, debían ir en la parte de atrás. Es decir, eran objeto de discriminación racial.
El matrimonio no es un derecho, sino un conjunto de obligaciones legales; obligaciones impuestas por el Estado porque éste entiende que es parte interesada en el asunto, ya que se trata de unas uniones que tienen el potencial de alumbrar hijos, lo que afecta directamente a la población del territorio sobre el que se asienta aquél.
Los gays tenían toda la razón cuando decían que lo que ellos hacen no es asunto de nadie. Pero es que ahora andan reclamando el derecho a recibir la aprobación de los demás, y eso es algo completamente distinto. Nadie tiene el derecho a arrancar aprobaciones a un tercero.
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Nota: Este artículo fue publicado originalmente por libertaddigital.com.