Con motivo del desastre integral que ha significado el plan de transporte público denominado Transantiago, parece altamente imprudente secundar la iniciativa de algunos políticos en orden a sellar un nuevo pacto de “salvataje” a un Gobierno concertacionista por parte de la alianza opositora. Y ello, por varias razones. Primero, porque sencillamente implicaría repetir el yerro del 2003, con el agravante adicional de haber constatado la total inutilidad de la bien intencionada acción política encabezada por el entonces diputado Longueira. La realidad ha puesto en evidencia que hubiese sido mejor para Chile “dejar caer” al gobierno de Lagos, con toda su falta de probidad incluida. Segundo, porque evidentemente no están dadas para nada las condiciones que aseguren el buen éxito de una iniciativa de tal naturaleza. Finalmente, porque una gestión de tal inoperancia como aquella que la Nación está padeciendo sólo puede ser combatida desenmascarándola y cortándola de raíz, evitando así que la negligencia se enquiste y siga propagándose hasta “institucionalizarse”, como ya está ocurriendo con la corrupción.
Al analizar lo ocurrido con esta última, vemos que el alcance y las posibles repercusiones de las cada vez más numerosas irregularidades legales y morales que siguen saliendo a la superficie deben ser muy serios para que, de tiempo en tiempo, hasta dentro de la Concertación haya cada vez más voces autorizadas que continúan desmarcándose de las versiones oficiales y de las insostenibles argumentaciones disuasivas provenientes del Gobierno. Al respecto, no deja de ser paradójico que tiempo atrás el mismo ex-presidente Lagos catalogara la corrupción existente en el sector público de simple “hojarasca”, esto es, una cuestión superficial, de poca relevancia. A estas alturas resulta bastante discutible que las faltas a la ética aludidas sean leves, ocasionales, aisladas y desconocidas por las altas esferas gubernativas. Acontece, además, que parte significativa de los hechos que periódicamente ven la luz pública en esta materia se fraguaron durante el sexenio presidencial anterior (sea dicho de paso, también la génesis del Transantiago). La situación revestía innegable gravedad, esa que tuvo a maltraer al Gobierno cuando el denominado caso MOP-Gate y el affaire de los sobresueldos captaban el interés de los estupefactos ciudadanos.
En suma, la experiencia vivida en 2003, debe servirnos de lección. Cinco años más tarde vemos que el escenario se perpetúa y que el país lejos de haber mejorado en materia ética ha empeorado. Hoy tenemos una corrupción extendida en numerosos ámbitos, un clientelismo político desembozado, unas instituciones que funcionan no exentas de dificultades y presiones. En fin, en las últimas elecciones pudimos observar, desde las esferas de poder, uno de los más grotescos intervencionismos electorales de los cuales haya memoria.
Ahora es el Transantiago el que acapara la atónita atención de los ciudadanos, hiere sus dignidades y colma sus paciencias. Pasan los meses –pronto serán los años- y no se perciben soluciones reales en el horizonte. Peor todavía, ante la ausencia de capacidad para enderezar el fallido proyecto, las piruetas comunicacionales y las movidas políticas del Gobierno caen en algunas ocasiones francamente en el ámbito de lo fantasioso, y otras en una manifiesta falta de escrúpulos manipuladores.
¿Queremos que con la negligencia y la inoperancia ocurra otro tanto que con la corrupción?, ¿qué el Chile que, nos prometían, iba a ser un país desarrollado para el bicentenario se convierta definitivamente en la patria de la ineficiencia y la desidia? A diferencia del 2003, está claro, mejor sería esta vez que los responsables cayeran por su propio peso y abrir así espacio para un cambio que, Dios quiera, sea para bien. Esto último justifica una reflexión aparte.